El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de ampliar la pena de muerte a nivel federal para grandes traficantes de drogas, tratantes de personas y quienes asesinen a policías. Esta propuesta fue presentada el 2 de octubre durante un mitin en Mobile, Alabama, donde Trump la vinculó a su agenda de seguridad y al endurecimiento de sanciones contra ciertos delitos.
Aunque la propuesta no modifica la legislación federal por sí misma, sería necesario que el Congreso aprobara cambios legales para incluir estos nuevos delitos en la aplicación de la pena capital. Actualmente, la pena de muerte ya está contemplada en la legislación federal para ciertos crímenes, y la administración Trump ha tomado medidas para acelerar su uso en los casos existentes.
En abril, el Departamento de Justicia anunció el restablecimiento del protocolo de inyección letal y la incorporación de métodos adicionales de ejecución, como el pelotón de fusilamiento. Además, se autorizó solicitar condenas a muerte contra 44 acusados.
El anuncio de Trump se produce en un contexto de creciente atención sobre la pena capital en Estados Unidos, especialmente tras la suspensión del procedimiento de ejecución de Christa Pike en Tennessee, quien sobrevivió a dos inyecciones letales.
Trump ha defendido previamente el uso de la pena de muerte para delincuentes violentos, y su actual administración ha priorizado casos de asesinatos de policías y otros delitos graves. La propuesta presentada en Alabama amplía los delitos que podrían ser castigados con la pena capital, incluyendo el narcotráfico a gran escala y la trata de personas.
Para que esta iniciativa se convierta en una modificación permanente de la legislación federal, deberá pasar por el proceso legislativo, ya que un presidente no puede establecer nuevas categorías de delitos con pena de muerte mediante una orden ejecutiva. La discusión sobre la pena capital también se da en un contexto de renovado debate sobre el sistema de ejecuciones en el país.
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