Estados Unidos ha decidido suspender las exportaciones de aguacate desde Michoacán debido a amenazas contra inspectores del Departamento de Agricultura (USDA). Esta medida provoca pérdidas diarias de 7.5 millones de dólares y pone en riesgo 200 mil empleos, afectando un mercado que representa 63,350 millones de pesos.
No es la primera vez que ocurre una situación similar; en junio de 2024, una suspensión dejó pérdidas superiores a 100 millones de pesos, y en 2018, se perdieron 50 mil toneladas de aguacate por bloqueos. Sin embargo, la actual crisis resalta que la inseguridad en Michoacán trasciende las fronteras nacionales, convirtiéndose en un problema bilateral que compromete la credibilidad de México como socio comercial.
Detrás de estas cifras, hay miles de trabajadores afectados: 12 mil cortadores de fruta, 2 mil empleados de transporte y 7 mil 500 trabajadores en procesos de empaque enfrentan incertidumbre. Además, 82 empresas certificadas en municipios como Uruapan y Peribán están en riesgo de incumplimiento de contratos.
Michoacán es responsable del 75% de las exportaciones de aguacate mexicano hacia Estados Unidos, que a su vez representa el 87% de las exportaciones totales de este producto. Cuando se cierran las puertas del mercado estadounidense, no hay alternativas viables.
El aguacate que no se puede exportar se desvía al mercado interno, saturándolo y causando una caída significativa de precios, afectando a productores de otros estados como Guanajuato y Morelos. La fruta es perecedera y cada día que pasa, las pérdidas se incrementan.
La suspensión fue motivada por amenazas a intereses estadounidenses y una escalada de violencia en Michoacán, incluyendo bloqueos carreteros tras la captura de líderes de cárteles. El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una alerta de “no viajar” para Michoacán, lo que complica aún más la situación.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de 1,500 militares adicionales a la región, mientras que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se mantiene en comunicación con la Embajada de Estados Unidos y el USDA para abordar la crisis. Sin embargo, las medidas implementadas son consideradas insuficientes.
Se requieren acciones concretas para garantizar la seguridad de los inspectores estadounidenses, así como un despliegue permanente de fuerzas federales en áreas estratégicas. También es esencial establecer mecanismos de coordinación entre México y Estados Unidos, investigar amenazas y combatir la extorsión en la región.
La prevención es clave para el futuro, por lo que se necesitan protocolos de seguridad y un sistema de monitoreo en tiempo real de la situación en las zonas de producción. Además, se requiere apoyo económico para los productores afectados y la diversificación de mercados para reducir la dependencia de Estados Unidos.
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