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SAT cancela facturación a más de 2 mil empresas por contrabando

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SAT cancela facturación a más de 2 mil empresas por contrabando

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha revocado la capacidad de emitir facturas a 2 mil 205 empresas involucradas en la venta ilegal de combustibles, según anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta medida es parte de la estrategia del gobierno para combatir la evasión fiscal y el contrabando de hidrocarburos.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum detalló que la cancelación de la posibilidad de emitir comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) se realizó entre octubre de 2024 y agosto de 2026. El SAT busca evitar que estas empresas utilicen el sistema de facturación para respaldar operaciones irregulares en la comercialización de combustibles.

La autoridad fiscal no proporcionó información sobre posibles sanciones adicionales a las empresas afectadas ni el monto de las operaciones relacionadas con estas prácticas. Sin embargo, esta acción se enmarca en un esfuerzo más amplio para mejorar la trazabilidad de los hidrocarburos desde su importación hasta su venta.

En marzo, el Gobierno de México introdujo el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”, que comenzó a aplicarse el 24 de abril de 2026. Este mecanismo busca generar información adicional sobre las transacciones de hidrocarburos y fortalecer los controles para detectar actividades ilícitas.

Además, se han implementado reformas fiscales para 2026 que buscan prevenir la evasión y la simulación fiscal en el sector de hidrocarburos. El término ‘huachicol fiscal’ se refiere no solo al robo de combustible, sino también a esquemas donde combustibles de origen irregular son legalizados mediante documentación falsa.

La decisión de cancelar la facturación no implica automáticamente una sentencia penal para las empresas, ya que las responsabilidades dependen de las investigaciones pertinentes. El Gobierno federal ha enfatizado la necesidad de colaboración entre diversas autoridades para enfrentar el mercado ilícito de combustibles, con el SAT desempeñando un papel clave en la supervisión fiscal.

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