La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, advirtió que el uso de programas sociales o recursos públicos con fines electorales puede acarrear consecuencias legales. En su conferencia de prensa semanal, enfatizó que “es un delito electoral utilizar los programas federales para promoción electoral o personal”.
Nahle fue cuestionada sobre denuncias que sugieren el uso de comités del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM) para promover a candidatos cercanos al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en el contexto del proceso electoral de 2027 y una posible candidatura a la gubernatura en 2030.
Existen 2 mil 413 comités del FAISPIAM en 109 municipios, cuya estructura podría estar siendo manipulada con fines políticos. La mandataria estatal subrayó que corresponde a los partidos definir sus mecanismos de selección de candidatos, siempre dentro del marco legal.
“Una persona que incurra en un delito electoral puede enfrentar consecuencias que incluso podrían impedirle participar como candidato”, advirtió Nahle.
La gobernadora también hizo hincapié en que cualquier uso indebido de recursos públicos debe ser denunciado, independientemente de la afiliación política de los involucrados. “Los recursos públicos, esos no pueden utilizarse por nadie”, afirmó.
Nahle García se comprometió a garantizar un proceso electoral tranquilo en Veracruz, mientras los partidos realizan sus procesos internos para definir candidaturas. “Yo tengo que cuidar que las elecciones vayan en paz, tranquilas”, expresó, reiterando su respeto por los procedimientos internos de cada partido, incluido Morena.
Finalmente, la gobernadora insistió en que su administración actuará ante cualquier uso indebido de programas sociales o recursos públicos, sin importar las relaciones personales de los involucrados. “Así sean cercanos a quien sea, eso no importa. Tenemos que cuidar eso”, concluyó.
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