El respeto a la ley electoral es fundamental, y no debe considerarse que su aplicación inicia solo cuando comienzan las campañas. Los actos anticipados de promoción están contemplados en la legislación y deben ser supervisados por las autoridades, sin importar el partido político involucrado.
Si un diputado, alcalde, funcionario o aspirante realiza recorridos en distritos con fines electorales, coloca lonas o utiliza su imagen de manera sistemática, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) debe actuar. Ignorar estas acciones generaría una competencia desigual antes del inicio formal del proceso electoral.
No se busca limitar las aspiraciones de nadie, ya que todos tienen derecho a postularse. Sin embargo, es responsabilidad de los aspirantes respetar las reglas. Aquellos que realmente deseen competir deben separarse de sus cargos para dedicarse plenamente a la campaña, en lugar de utilizar recursos y la visibilidad que les brinda su función pública.
Es importante recordar que adelantarse no garantiza una candidatura. Los partidos tienen sus propios mecanismos para definir a sus candidatos y ninguna acción anticipada asegura una nominación. De hecho, estas estrategias pueden resultar en procedimientos legales y desgaste político innecesario.
En Veracruz, ya se percibe un ambiente preelectoral, a pesar de que el proceso para 2027 aún no ha comenzado. La prisa por aparecer en espectaculares, bardas o en reuniones con fines proselitistas envía un mensaje erróneo a la ciudadanía. Mientras muchos esperan soluciones en seguridad, salud e infraestructura, algunos actores parecen más enfocados en posicionar su nombre.
La ley debe aplicarse de manera imparcial. No importa si los involucrados son de Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano o cualquier otro partido. La autoridad electoral perdería credibilidad si solo actúa contra algunos y permanece en silencio ante otros.
Las elecciones deben ganarse convenciendo a los ciudadanos dentro de los plazos establecidos por la ley, no adelantando campañas ni aprovechando ventajas del cargo público. Para fortalecer la democracia, es esencial hacer valer las reglas de manera equitativa, asegurando que los ciudadanos confíen en que la contienda comienza cuando la ley lo determina, no cuando un aspirante decide iniciar su campaña.
Información vía fuente original
