Una estudiante de 20 años, identificada como Jane Doe, declaró con firmeza: “Puedo decir con 100 por ciento de confianza que fui violada”. Esta afirmación fue parte de la entrevista que tuvo con la policía de la Universidad de Cornell los días 14 y 15 de noviembre de 2024, tras ser víctima de una agresión sexual grupal en la fraternidad Chi Phi.
La joven asistió a una fiesta en la casa de la fraternidad, donde dos estudiantes la drogaron con ketamina y la violaron. Posteriormente, los agresores publicaron en un tablero de mensajes que había una mujer disponible, lo que llevó a otros cinco hombres a unirse a la violación, que duró más de cinco horas.
A pesar de la gravedad de la denuncia, durante casi dos años no se presentaron cargos penales contra los siete hombres implicados. La universidad llevó a cabo una investigación interna y aplicó sanciones: dos agresores fueron expulsados, mientras que los otros cinco recibieron suspensiones y la opción de redactar un ensayo.
La situación dio un giro en septiembre de 2026, cuando se presentó una demanda civil y se difundieron nuevos documentos de la investigación universitaria, lo que llevó a la reapertura del caso penal. El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, admitió no haber visto la transcripción completa de la entrevista donde Jane Doe afirmó haber sido violada. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a la fiscal general estatal, Letitia James, como fiscal especial para supervisar la nueva investigación.
El caso no solo involucra la acusación de una joven contra siete hombres, sino que también plantea interrogantes sobre el manejo institucional de las denuncias de agresión sexual. Jane Doe afirmó que fue presionada para consumir ketamina y que no consintió en su uso. La entrevista con la policía, que duró dos días, reveló que la joven experimentó periodos de pérdida de memoria, pero fue contundente al afirmar que había sido violada.
El fiscal Van Houten, que en 2024 decidió no presentar cargos, justificó su decisión por la falta de elementos suficientes en la declaración que recibió. Sin embargo, la transcripción completa de la entrevista contenía información crucial que no había sido considerada. La discrepancia entre lo que la universidad afirma haber enviado y lo que el fiscal recibió se ha convertido en un punto central de la nueva investigación.
Entre las pruebas relevantes se encuentra un mensaje de Snapchat que mencionaba a una mujer en el piso superior, lo que podría aportar contexto a los hechos denunciados. Mientras tanto, Cornell ha llevado a cabo su propia investigación, entrevistando a aproximadamente 50 personas y realizando procedimientos relacionados con Title IX.
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