Desde hace varios años, las autoridades mexicanas han seguido el rastro de una instalación clandestina ubicada en el sur de Veracruz, que funcionaba como centro de procesamiento de hidrocarburos extraídos ilegalmente. Esta planta, localizada en el municipio de Moloacán, ha sido señalada como pieza clave en la red operativa del grupo delictivo conocido como La Barredora.
De acuerdo con fuentes de inteligencia consultadas por organizaciones civiles y medios especializados, el sitio comenzó a ser monitoreado desde 2020 por agencias federales, tras detectarse patrones de tráfico de combustible desde tomas irregulares en ductos de Pemex. El combustible era transportado en vehículos modificados hacia la planta, donde se refinaba y distribuía a distintos puntos del estado, incluyendo Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos.
Uno de los nombres que aparece en los reportes es el de un operador apodado “Texano”, señalado como responsable financiero de la instalación. Se estima que invirtió varios millones de dólares en infraestructura para convertir el lugar en un nodo logístico del mercado negro de combustibles. Su red incluía colaboradores encargados de coordinar rutas, horarios de entrega y almacenamiento.
El operativo que permitió el aseguramiento de la planta se llevó a cabo en junio de 2025, tras años de seguimiento e intercepciones telefónicas. En el lugar se encontraron más de 500 mil litros de hidrocarburo, además de maquinaria especializada para la producción de diésel, solventes y otros derivados. Las autoridades también incautaron mapas, registros de llamadas y documentación que vincula a exfuncionarios de seguridad del estado de Tabasco con la operación.
Entre los implicados figura Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, señalado como uno de los nexos políticos del grupo criminal. También se menciona a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias “Tomasín”, como parte de la estructura jerárquica de La Barredora, junto con otros operadores logísticos como Ríos Treviño.
Investigaciones independientes han revelado que esta organización buscó expandir su influencia aprovechando grandes proyectos federales como la refinería Olmeca y el Tren Maya, utilizando terrenos y rutas para mover combustible ilegal. El esquema, según los documentos militares filtrados, operó de manera sostenida durante al menos cinco años antes de ser desmantelado.
La operación clandestina no solo representaba un riesgo económico por el desvío de recursos energéticos, sino también una amenaza ambiental, al carecer de permisos y controles técnicos. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, confirmó que la planta producía derivados como nafta ligera y combustóleo sin regulación, afectando zonas ecológicas cercanas.
