Una movilización masiva por el derecho al agua en Guadalajara culminó en enfrentamientos con la policía, resultando en al menos 27 detenidos, entre ellos varias mujeres jóvenes que fueron golpeadas y arrastradas. La manifestación, que tuvo lugar el 11 de octubre de 2026, reunió a miles de ciudadanos que exigían soluciones ante la crisis hídrica que afecta a la zona metropolitana, donde se reporta agua turbia y con olores desagradables.
La marcha comenzó en la Glorieta de La Minerva y se dirigió hacia Casa Jalisco, residencia del gobernador Pablo Lemus, donde los participantes portaban pancartas y coreaban consignas como “¡El agua es un derecho, no un privilegio!” y “¡Queremos agua, no represión!”. Los manifestantes demandaron no solo la calidad del agua, sino también información sobre las causas del deterioro y acciones concretas para resolver el problema.
Al llegar a Casa Jalisco, la tensión aumentó cuando algunos inconformes intentaron derribar las vallas de seguridad. La policía antimotines respondió con gas lacrimógeno y chorros de agua a presión, lo que llevó a enfrentamientos entre manifestantes y agentes. A pesar de los incidentes, las autoridades deben rendir cuentas sobre el uso de la fuerza y la situación de los detenidos.
Las redes sociales se llenaron de denuncias sobre personas retenidas en Casa Jalisco, generando exigencias de transparencia sobre su paradero y acceso a representación legal. La falta de información oficial ha intensificado las demandas de claridad sobre el número de detenidos y lesionados durante la protesta.
La crisis del agua en Guadalajara no es nueva. El 6 de octubre, Lemus admitió la gravedad de la situación y anunció la suspensión temporal del uso de agua de la presa de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala, lo que podría resultar en una reducción de hasta 2.5 metros cúbicos por segundo en el suministro. Esta medida, aunque necesaria, plantea preocupaciones adicionales para las familias que ya enfrentan problemas de acceso al agua potable.
La indignación de los ciudadanos se agrava al tener que comprar agua embotellada para consumo, a pesar de pagar por un servicio que no garantiza calidad. La crisis hídrica en la zona metropolitana, que alberga a más de cinco millones de habitantes, requiere una respuesta coordinada entre el gobierno estatal y las autoridades locales para abordar las necesidades de la población.
Información vía fuente original
