Los servidores públicos tienen prohibido utilizar su cargo, recursos oficiales o tiempo laboral para promover cualquier partido, candidato o causa política. Esta normativa debe ser supervisada por los jefes administrativos y los contralores internos de cada dependencia.
Entre las restricciones más relevantes, se establece que no pueden usar bienes, vehículos, dinero o personal del gobierno —ya sea municipal, estatal o federal— para hacer proselitismo. Durante su horario laboral, la burocracia no puede realizar actividades de campaña ni distribuir propaganda a favor o en contra de candidatos.
Además, los servidores públicos de mayor jerarquía no deben presionar a sus subalternos ni a la ciudadanía para que voten por una opción política. También está prohibido el uso de edificios y símbolos oficiales para colocar propaganda o colores partidistas.
No solo se prohíbe intervenir en procesos electorales, sino que también deben abstenerse de realizar acciones que orienten tendencias de voto o alteren el desarrollo normal de las elecciones. Sin embargo, existen excepciones en días y horarios inhábiles, donde los funcionarios pueden expresar su apoyo a partidos y candidatos, siempre que no desvíen recursos públicos ni descuiden sus responsabilidades.
En otro tema, el derecho al cuidado y la asistencia personal avanza en México, con Jalisco y la Ciudad de México liderando la publicación de leyes específicas para regular un Sistema de Cuidados. Otros estados, como el Estado de México y Puebla, también están impulsando iniciativas para reconocer formalmente el derecho al cuidado, que incluye recibir, brindar y ejercer autocuidado.
A nivel federal, se discuten reformas para modificar el artículo 4º de la Constitución y establecer el derecho al cuidado de forma universal. En Veracruz, la diputada Ruth Callejas Roldán ha propuesto la Ley de Cuidados Integrales para proteger los derechos de personas en situación de dependencia y de quienes realizan trabajo de cuidado no remunerado.
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