A partir del 3 de noviembre, el uso de teléfonos celulares estará prohibido en las escuelas primarias y secundarias de México, tanto en instituciones públicas como privadas. Esta medida, que incluye restricciones en aulas y recreos, busca reducir distracciones durante las clases, mejorar el rendimiento académico y prevenir problemas como el ciberacoso y la adicción a las redes sociales.
La decisión se enmarca dentro de una tendencia global, ya que casi el 60% de los países han implementado normativas similares. Según la UNESCO, países como Francia, que instauró la prohibición en 2018, han observado resultados positivos en la educación de sus jóvenes, mientras que en Brasil y Bolivia también se aplican restricciones sin que se conozcan resultados de medición.
La nueva regulación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla excepciones, permitiendo el uso de celulares solo por motivos de salud, emergencias o con autorización del maestro para tareas académicas. El objetivo es claro: “mejorar las calificaciones de alumnos y alumnas, disminuir la ansiedad o el acoso digital”.
El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre, es de observancia obligatoria en todo el sistema educativo nacional, lo que incluye a todos los estados de la república. Se espera que la implementación de esta norma se realice de manera armoniosa, con la colaboración de los padres de familia.
México se une así a más de 11 países latinoamericanos que han adoptado políticas similares en sus aulas. Sin embargo, el debate sobre la efectividad de estas medidas continúa, especialmente a la luz de los resultados del Informe PISA de la OCDE, que reveló que los estudiantes mexicanos obtuvieron puntuaciones por debajo de la media en matemáticas, lectura y ciencias.
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