La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, enfrenta un llamado a investigar un grupo vinculado a actos de violencia política y agresiones contra periodistas. Esta exigencia surge tras la destrucción de la estatua del expresidente Felipe Calderón en el Complejo Cultural Los Pinos.
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se deslindó de los responsables de este acto, afirmando que no pertenecen a su organización. En un comunicado, el líder del sindicato, Martín Esparza, dejó claro que “del decapitado no sabemos nada”, enfatizando que los involucrados son ajenos al SME.
Inicialmente, algunos reportes habían relacionado a los agresores con el SME o con extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, el sindicato rechazó cualquier responsabilidad, lo que llevó a que las miradas se dirigieran hacia un grupo que críticos del gobierno de Morena señalan como estructuras de choque.
Este grupo, que suele operar en el zócalo, ingresó a Los Pinos tras una protesta contra Calderón y causó daños a la escultura de bronce, que ya había sido derribada por un árbol en 2025. La administración del recinto ha comenzado procedimientos legales para informar a las autoridades ministeriales sobre los hechos.
La situación se complica debido a las denuncias sobre agresiones a periodistas, lo que ha llevado a quienes exigen la intervención de Brugada a argumentar que no solo se trata de la escultura, sino de investigar si hay un grupo organizado que intimida y ataca a quienes ejercen el periodismo o tienen opiniones políticas diferentes.
Se solicita que no haya tolerancia selectiva ante la violencia política y que se investigue a cualquier persona que agreda a periodistas o ciudadanos, independientemente de sus afiliaciones. La libertad de manifestación no justifica la violencia ni la destrucción de bienes.
Claudia Sheinbaum, presidenta de la Ciudad de México, también condenó la destrucción de la estatua, recordando que la violencia no es justificable, incluso en el contexto de un conflicto por la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009.
El marco legal establece penas de tres a diez años de prisión para quienes dañen monumentos históricos, además de sanciones en el Código Penal por daño a la propiedad. Por lo tanto, la investigación debe determinar no solo quiénes dañaron la estatua, sino también el valor de los daños y la posible organización detrás de estos actos.
Este incidente, que ocurrió tras una protesta frente al hotel donde se llevó a cabo el Foro América Libre, donde participó Calderón, reabre el debate sobre los límites de la protesta política en la capital. La exigencia es clara: se debe investigar al grupo señalado y a cualquier agresión contra periodistas relacionada con sus integrantes.
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