La Operación Enjambre, liderada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) bajo la dirección de Omar García Harfuch, ha evidenciado el compromiso del gobierno federal de Claudia Sheinbaum en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Hasta el 8 de septiembre de 2026, se han realizado 111 detenciones por vínculos con el crimen organizado, incluyendo a 14 presidentes y expresidentes municipales. De estos, seis pertenecen a la coalición PRI-PAN-PRD, cuatro al bloque oficialista Morena-PT-PVEM, tres de Movimiento Ciudadano y uno de un partido local.
Esta diversidad en las detenciones subraya que las redes de protección al crimen organizado no son exclusivas de un solo partido, lo que refuerza la credibilidad del mensaje de “cero impunidad”. La operación, que comenzó en el Estado de México en noviembre de 2024, se ha extendido a otras entidades como Puebla, Morelos, Jalisco y Sinaloa, con el objetivo de desmantelar la infiltración criminal en las instituciones de seguridad y los gobiernos municipales.
Lo novedoso de la Operación Enjambre radica en su enfoque hacia las “redes de protección institucional”. No solo se detiene a miembros del crimen organizado, sino también a funcionarios que les proporcionan cobertura y recursos. García Harfuch afirmó: “Ningún servidor público que utilice su posición para favorecer, colaborar o mantener vínculos con grupos delictivos estará protegido”.
Este enfoque busca limpiar las estructuras gubernamentales cooptadas por el crimen organizado, sin distinción de partido. Las redes de protección son fundamentales en la cadena de impunidad, permitiendo que el crimen opere sin temor a la justicia. Un ejemplo de esto es la detención del alcalde de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa (Morena), que reveló una red de extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz, con la complicidad de autoridades locales.
En los operativos se han asegurado armas, vehículos blindados y equipos de comunicación, lo que sugiere que las redes de protección no solo ofrecen impunidad, sino también capacidad operativa militarizada. El gobierno federal mantiene investigaciones abiertas contra otros funcionarios, lo que indica que las 111 detenciones son solo el inicio de una estrategia a largo plazo.
A pesar del apoyo político y mediático, la Operación Enjambre enfrenta críticas sobre su alcance. Analistas advierten que la protección a los cárteles trasciende el ámbito municipal y que no se han visto investigaciones contra funcionarios de niveles superiores. Existe el riesgo de que esta operación sea utilizada para debilitar a adversarios políticos y la sostenibilidad de la estrategia depende de la coordinación interinstitucional y de recursos continuos.
El éxito de la Operación Enjambre no se medirá solo por el número de detenciones, sino por su capacidad para desmantelar las estructuras de protección a niveles superiores y mantener la coordinación entre las diversas instituciones involucradas. Si logra mantener su imparcialidad y profundizar las investigaciones, podría marcar un cambio significativo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en México, contribuyendo a una disminución real de la inseguridad.
Información vía fuente original
