La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, Reem Alsalem, ha manifestado inquietudes respecto a la nueva Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, propuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum. En una comunicación oficial al Estado mexicano, Alsalem cuestionó la definición de “mujer” en la iniciativa y la metodología para recopilar información sobre las víctimas de violencia.
La iniciativa, enviada al Congreso en julio de 2026, busca unificar la investigación y sanción del feminicidio a nivel nacional, estableciendo criterios comunes para las fiscalías y reduciendo la impunidad. Sin embargo, Alsalem advirtió que la definición de mujer como toda persona que se identifique como tal podría complicar la identificación de feminicidios, al eliminar una referencia clara al sexo de las víctimas.
La relatora también destacó que depender únicamente de la autoidentificación podría dejar fuera de las protecciones legales a mujeres que no se identifiquen como tales. Además, mencionó que las autoridades podrían verse tentadas a utilizar elementos de expresión de género, como apariencia o comportamiento, para definir la protección legal, lo que podría perpetuar estereotipos y dificultar el reconocimiento de patrones de violencia.
Otro aspecto crítico señalado por Alsalem es la necesidad de mantener datos diferenciados por sexo en las estadísticas de feminicidio. Argumentó que estos datos son esenciales para identificar patrones de violencia y diseñar políticas públicas efectivas. Propuso que la información sobre sexo e identidad de género se registre por separado, garantizando la privacidad y seguridad de las víctimas.
La relatora también abordó la importancia de ofrecer servicios de atención adecuados a mujeres sobrevivientes de violencia, sugiriendo que en ciertos contextos se requieran espacios exclusivos para ellas, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
La propuesta de ley busca establecer un tipo penal uniforme de feminicidio en todo el país, con penas de 50 a 70 años de prisión y agravantes por condiciones de vulnerabilidad. Desde agosto, el Senado ha llevado a cabo mesas de diálogo para discutir la iniciativa y sus implicaciones. Las observaciones de la ONU se suman a este proceso legislativo, instando al Estado a revisar diversos aspectos antes de la aprobación final.
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