Las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a la Corte Penal Internacional (CPI) han generado una respuesta diplomática unificada de varios aliados de Estados Unidos. Este 9 de octubre de 2026, los ministros de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido emitieron una declaración conjunta en la que expresan su desacuerdo con las medidas estadounidenses y reafirman su apoyo al tribunal con sede en La Haya.
La declaración es significativa, ya que proviene de naciones que mantienen estrechas relaciones con Washington y son parte del Estatuto de Roma, el tratado que estableció la CPI. Los gobiernos firmantes advirtieron que las sanciones podrían afectar gravemente el trabajo del tribunal, así como a sus empleados y sus familias, complicando los esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes cometen crímenes internacionales.
Además de la declaración conjunta, España y Bélgica también manifestaron su rechazo a las sanciones. La Comisión Europea se ofreció a explorar medidas para proteger las operaciones de la CPI y los intereses de las entidades europeas que pudieran verse afectadas. El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la decisión de Washington, alertando sobre sus repercusiones para la justicia penal internacional.
Este conflicto surge en un día que también se recuerda por la entrega del Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI y defensora de los derechos humanos. A pesar de que ambos eventos no están directamente relacionados, su coincidencia ha generado un debate público.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España reafirmó su apoyo a la CPI, subrayando su papel en la lucha contra la impunidad. Por su parte, Bélgica propuso que la Unión Europea adopte medidas concretas para salvaguardar la independencia del tribunal, sugiriendo la discusión del tema en la próxima reunión del Consejo Europeo.
La Comisión Europea calificó las sanciones de “profundamente lamentables” y se mostró dispuesta a implementar las medidas necesarias para asegurar que la CPI continúe con sus investigaciones sobre crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. La respuesta de la UE podría incluir el uso de mecanismos legales para mitigar los efectos de las sanciones estadounidenses en Europa.
Guterres, en su condena, enfatizó que las sanciones son un “serio golpe” a la búsqueda de justicia penal internacional, recordando que la CPI es fundamental para este sistema. Asimismo, hizo un llamado a los Estados a cumplir con sus compromisos internacionales y a apoyar los mecanismos que permiten investigar los crímenes más graves.
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