La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que las solicitudes de declaración de procedencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra dos alcaldes de Movimiento Ciudadano no son parte de una estrategia política. Nahle hizo estas declaraciones durante una gira de trabajo en Minatitlán, donde respondió a las acusaciones del partido sobre el uso de la Fiscalía para presionar a autoridades municipales de oposición.
La mandataria estatal se abstuvo de comentar sobre los detalles de los expedientes abiertos y dejó claro que la FGE es la responsable de informar sobre el avance de las investigaciones. “No voy a opinar hasta que lo haga la Fiscalía Estatal, quien lleva las investigaciones correspondientes”, declaró al finalizar el evento.
Las solicitudes de desafuero fueron presentadas ante el Congreso de Veracruz contra los presidentes municipales de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos de Movimiento Ciudadano. Este procedimiento busca retirarles la inmunidad procesal para que enfrenten investigaciones por presuntos delitos.
Según la legislación estatal, corresponde al Congreso local analizar estas solicitudes. Si el pleno aprueba el retiro de fuero, la Fiscalía podrá continuar con el proceso penal, aunque esto no implica automáticamente una sentencia o culpabilidad.
La postura de Nahle se produce tras las denuncias de Movimiento Ciudadano, que calificó las acciones de la Fiscalía como una ofensiva política contra sus autoridades municipales. La dirigencia del partido sostiene que estas medidas buscan debilitar a los gobiernos de oposición, acusación que el gobierno estatal ha rechazado.
Nahle subrayó que las instituciones encargadas de la justicia deben actuar con autonomía y basarse en las pruebas de las investigaciones, evitando convertir los procesos legales en un debate político.
Este caso ha adquirido relevancia en un contexto de confrontación política en Veracruz, donde Movimiento Ciudadano ha denunciado presiones contra sus representantes municipales. Por su parte, el gobierno estatal asegura que no habrá excepciones en la aplicación de la ley.
Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado no ha revelado detalles sobre las investigaciones que motivaron las solicitudes de desafuero. Se espera que en los próximos días informe sobre los delitos imputados a los alcaldes y el estado de los expedientes. Mientras tanto, el Congreso de Veracruz deberá proceder con las solicitudes conforme a la legislación local.
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