Un juez federal ha revocado la prisión preventiva domiciliaria del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en el contexto de los procesos penales por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. La decisión, tomada por el juez Edmundo Manuel Perusquia Cabañas del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, no implica el cierre del caso ni una absolución de los cargos en su contra.
La resolución se basa en que la prolongación del juicio, que ha durado más de dos años, no es responsabilidad del exfuncionario, sino de la tramitación de diversos recursos legales, incluidos juicios de amparo. Por ello, el juez ha optado por sustituir la prisión preventiva domiciliaria por medidas cautelares menos restrictivas.
Con esta nueva resolución, Murillo Karam permanecerá en su domicilio, usará un brazalete electrónico y no podrá salir de la Ciudad de México, acercarse a las víctimas del caso ni reunirse con personas ajenas a su familia. Además, ya no estará bajo la vigilancia constante de la Guardia Nacional.
La defensa del exprocurador argumentó que la revisión de la medida cautelar debía seguir criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la duración de la prisión preventiva. También señalaron el deterioro de su salud, ya que desde 2023 ha enfrentado varios problemas médicos y en abril de 2024 se le otorgó prisión domiciliaria por razones de salud en otro proceso.
Sin embargo, esta modificación solo aplica a uno de los expedientes relacionados con el Caso Ayotzinapa. Murillo Karam aún enfrenta otro proceso penal por supuestos actos de tortura, desaparición forzada y colusión de servidores públicos, vinculado a las agresiones contra Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, presunto miembro del grupo criminal Guerreros Unidos. En este caso, sigue bajo prisión domiciliaria.
El exprocurador fue detenido el 19 de agosto de 2022, señalado por la Fiscalía General de la República como uno de los principales responsables de la “verdad histórica”, la versión oficial de la desaparición de los normalistas presentada en 2015. Investigaciones posteriores revelaron irregularidades y manipulación de evidencias en dicha narrativa.
Desde su detención, enfrenta acusaciones por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia. La Fiscalía sostiene que durante su gestión se alteraron líneas de investigación y se ocultó información clave sobre el paradero de los estudiantes, un caso emblemático de violaciones a derechos humanos en México.
La reciente resolución judicial modifica solo las condiciones del proceso penal de Murillo Karam en este expediente, sin eliminar las imputaciones ni poner fin a las investigaciones del Caso Ayotzinapa, cuya demanda de verdad y justicia sigue siendo una prioridad para los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.
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