Movimiento Ciudadano (MC) ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz sobre la revocación de mandato, contenida en el Decreto número 540, publicado el 28 de septiembre de 2026. La demanda, presentada dentro del plazo legal de 30 días, busca invalidar modificaciones al inciso B de la fracción VI del artículo 15 de la Constitución local, argumentando que estas limitan los derechos democráticos de los ciudadanos veracruzanos.
La dirigencia estatal del partido, encabezada por Luis Carbonell de la Hoz, Agustín Torres Delgado y Dante Alfonso Delgado Morales, junto con el diputado federal Sergio Gil Rullán y la diputada local Elena Córdova Molina, respaldan esta acción. Carbonell de la Hoz destacó que MC luchará legalmente para evitar que se restrinja el derecho de la población a evaluar a sus gobernantes y decidir sobre su permanencia en el cargo.
“Hoy presentamos la acción de inconstitucionalidad junto con la dirigencia nacional y el equipo político de Veracruz. Esta acción busca que los gobernantes no olviden que la democracia se construye con el pueblo”, afirmó Carbonell. El partido enfatiza la necesidad de preservar mecanismos de participación ciudadana accesibles, especialmente en un estado como Veracruz, que enfrenta condiciones de vulnerabilidad.
La demanda incluye siete conceptos de invalidez, señalando la falta de consulta previa a comunidades indígenas y afromexicanas, así como una posible violación al principio de progresividad de los derechos, ya que el plazo para recolectar firmas de apoyo se redujo de dos a un mes. MC argumenta que se requerirían aproximadamente 600 mil firmas, equivalentes al 10 por ciento de la lista nominal estatal, distribuidas en al menos 107 municipios, lo que consideran inconstitucional.
Además, la impugnación cuestiona la modificación de normas electorales fundamentales dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral y la incorporación de un nuevo plazo de 180 días para expedir la legislación secundaria. También se mencionan irregularidades en el procedimiento legislativo, como un retraso de 46 días en la aprobación por parte de los ayuntamientos.
Con estos argumentos, Movimiento Ciudadano solicita a la SCJN que analice la constitucionalidad de la reforma y, si se comprueban las violaciones, declare su invalidez, reafirmando que la revocación de mandato debe ser un mecanismo efectivo de participación ciudadana.
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