La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ha decidido suspender temporalmente los derechos partidistas de las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares Ramírez. Esta medida se deriva de comentarios considerados discriminatorios y edadistas hacia adultos mayores, emitidos durante un podcast que se volvió viral.
La controversia comenzó el 21 de julio, cuando ambas legisladoras participaron en el podcast “DesCasadas”. Sus declaraciones sobre hombres mayores de 45 años, incluyendo frases como que algunas personas “huelen a baúl” y “se están pudriendo”, provocaron una fuerte reacción en redes sociales, generando críticas de organizaciones y ciudadanos que las acusaron de promover el edadismo.
La suspensión, que fue notificada el 6 de agosto, es temporal y se mantendrá mientras se lleva a cabo un procedimiento sancionador. Durante este tiempo, Salvatori y Palomares no podrán participar en votaciones, postularse a cargos internos ni representar al partido en ningún ámbito. El expediente relacionado con este caso es el número CNHJ-PUE-552/2026.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también se pronunció sobre el asunto, señalando que las expresiones de las diputadas constituyen una forma de violencia institucional que afecta la dignidad de las personas mayores. Además, instó al Congreso de Puebla a establecer códigos éticos para prevenir discursos discriminatorios.
Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, había solicitado que se tomaran medidas internas contra las diputadas, lo que indica la seriedad del caso. Aunque la dirigencia estatal había evitado una sanción directa en un inicio, la situación ha escalado a un procedimiento formal dentro del partido.
Este episodio no solo afecta a las diputadas en su carrera política, ya que su suspensión podría tener repercusiones en las elecciones de 2027. La controversia también ha abierto un debate sobre el humor, la libertad de expresión y los límites del discurso discriminatorio, especialmente considerando que las legisladoras ocupan cargos de elección popular y tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos.
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