La dirigencia nacional de Morena y su representación en Oaxaca han tomado distancia de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, tras su arresto por autoridades federales y estatales. La detención ocurrió el 23 de septiembre durante un operativo en el Istmo de Tehuantepec, en el marco de una investigación por presuntos delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.
Sánchez Altamirano, apodado “Quetu”, fue trasladado en avión a la Ciudad de México después de su captura. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, han señalado al edil por sus supuestos vínculos con “Los Cromos”, una organización criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las autoridades han indicado que el alcalde podría estar involucrado en actividades delictivas como extorsión, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio. Ante esta situación, la bancada de Morena en el Congreso de Oaxaca enfatizó que ningún cargo político debe ser considerado un privilegio ante la ley, y que quienes cometan delitos deben enfrentar las consecuencias.
El pronunciamiento de Morena se dio un día después de la detención, en medio de bloqueos carreteros en Juchitán por parte de simpatizantes que exigían la liberación del alcalde. La esposa de Sánchez Altamirano, Reyna Alonso Carrasco, también ha solicitado información sobre su situación y ha pedido protección para su familia, tras recibir amenazas.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, afirmó que “nadie estará por encima de la ley” y reiteró que la seguridad de las familias y la aplicación de la ley son prioritarias. La detención se produce mientras Sánchez Altamirano estaba en funciones, habiendo sido reelegido para un segundo periodo que abarca de 2025 a 2027.
Además, las investigaciones han llevado a la detención de Alberto de la Paz López, conocido como “La Parca”, quien también está vinculado a delitos en la región. La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado cuentas relacionadas con los investigados. El caso sigue bajo investigación y las acusaciones deberán seguir el proceso judicial correspondiente.
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