El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado el 8 de octubre, coloca a México en el nivel 2 en su evaluación sobre la trata de personas. Este nivel indica que, aunque el país no cumple con todos los estándares mínimos para erradicar este delito, está realizando esfuerzos significativos.
La trata de personas implica el engaño y traslado de mujeres, hombres, adolescentes y niños a lugares distintos para ser explotados sexual o laboralmente. Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas y Violencias” de la UNAM, enfatiza que las víctimas son despojadas de sus derechos y convertidas en ‘cosas’ por sus captores.
A pesar de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, vigente desde 2012, persisten vacíos significativos en la protección y asistencia a las víctimas. Fuentes Alcalá señala que la falta de denuncias se debe al temor de revictimización y a la escasa efectividad de las investigaciones, lo que contribuye a la alta impunidad en estos casos.
El Programa Nacional contra la Trata de Personas 2025-2030 aún no ha sido publicado, lo que afecta la transparencia de las acciones de la Comisión Intersecretarial. El informe del Departamento de Estado también destaca que México es un país de origen, destino y tránsito para las víctimas de trata, lo que agrava la situación.
Fuentes Alcalá argumenta que, a pesar de las críticas hacia el gobierno estadounidense por su postura en derechos humanos, el informe ha sido clave para visibilizar la trata de personas a nivel global y ha influido en la creación de leyes y fiscalías en México. Sin embargo, la falta de un enfoque robusto en la política contra este delito sigue siendo un desafío importante.
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