Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha acordado pagar hasta 17 mil 100 millones de dólares para resolver una disputa legal en Estados Unidos. Este acuerdo responde a las acusaciones de fiscales generales estatales que afirman que la compañía diseñó sus plataformas para fomentar un uso compulsivo entre menores de edad.
El anuncio se realizó el 26 de agosto y pone fin a un juicio federal en Oakland, California, que involucraba a fiscales de múltiples estados. La demanda sostenía que Meta implementó funciones para maximizar el tiempo que los jóvenes pasaban en línea, a pesar de conocer los riesgos asociados con el uso excesivo de sus plataformas.
El monto del acuerdo se pagará en un plazo de hasta diez años, y la cifra final dependerá de que otras plataformas tecnológicas adopten medidas similares de protección para menores. Además de las acusaciones sobre la adicción, los fiscales también señalaron que Meta engañó a los usuarios sobre la seguridad de sus servicios y recopiló información personal de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.
Como parte del acuerdo, Meta deberá realizar cambios significativos en el funcionamiento de Facebook e Instagram para los usuarios menores. Estas modificaciones incluyen establecer límites de tiempo de uso, aplicar restricciones nocturnas y reducir las notificaciones durante el horario escolar.
También se implementarán controles más estrictos para evitar que menores de 13 años accedan a las plataformas, así como mecanismos para verificar la edad y ajustes en funciones que fomentan la comparación social. Entre los cambios se contempla la restricción de contadores de “me gusta” y la opción de que los adolescentes elijan una experiencia de contenido sin recomendaciones personalizadas.
Este acuerdo se produce en un contexto donde el modelo de negocio de las grandes plataformas digitales está bajo un intenso escrutinio. Durante el juicio, Arturo Béjar, un exempleado de Meta, reveló que había advertido sobre los problemas que enfrentaban los adolescentes en Instagram, comunicando sus preocupaciones a altos directivos, incluido Mark Zuckerberg.
La magnitud del acuerdo refleja la seriedad de la disputa, ya que los estados habían reclamado sumas que podrían alcanzar cientos de miles de millones de dólares si Meta hubiera sido hallada responsable. Aunque el acuerdo aún requiere aprobación judicial, se considera uno de los más significativos contra una compañía tecnológica y un posible precedente para la industria de redes sociales.
El fiscal general de California, Rob Bonta, destacó que las modificaciones buscan reducir los riesgos para los jóvenes y establecer nuevas condiciones de seguridad en el uso de redes sociales. A pesar de este acuerdo, Meta no admitió responsabilidad, y las modificaciones deben interpretarse como parte de la resolución del litigio y no como una sentencia judicial que determine que la empresa fomentó la adicción en menores.
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