El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, se llevó a cabo una marcha en la Ciudad de México que reunió a menos de cien mujeres, un número significativamente menor en comparación con años anteriores. A pesar de la baja asistencia, las participantes reafirmaron que su lucha por el derecho a decidir sobre sus cuerpos continúa.
Desde 2007, cuando la Ciudad de México despenalizó la interrupción del embarazo en las primeras semanas, el panorama legislativo ha cambiado, con 25 entidades que han seguido su ejemplo hasta junio de 2026. Sin embargo, la despenalización no garantiza el acceso a servicios de interrupción del embarazo, ya que persisten obstáculos como la falta de recursos, personal capacitado y procesos institucionales adecuados.
La objeción de conciencia se ha convertido en un impedimento significativo, ya que muchas instituciones no cuentan con mecanismos que aseguren la atención adecuada, incluso cuando algunos profesionales de la salud se excusan de participar en el procedimiento.
El acceso al aborto también es un tema de salud pública, que requiere no solo cambios en la legislación, sino también un sistema de salud que ofrezca información confiable, medicamentos y atención sin estigmas. Aunque algunas entidades han avanzado en el reconocimiento del derecho a decidir, otras aún mantienen leyes que penalizan el aborto.
Durante la marcha, las mujeres expresaron que, aunque la cantidad de asistentes fue menor, no se detendrán en su defensa del derecho a decidir. La variación en la asistencia a movilizaciones refleja la dinámica de los movimientos sociales, que pueden experimentar altibajos en su nivel de participación.
A pesar de la menor presencia en las calles, el mensaje fue claro: la defensa del derecho a decidir sigue vigente, y es fundamental que la despenalización del aborto vaya acompañada de servicios de salud accesibles y efectivos. La lucha por los derechos sexuales y reproductivos en México aún enfrenta retos significativos.
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