El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que quienes participaron en los disturbios, saqueos y ataques a edificios públicos durante las protestas del 17 de octubre deberán enfrentar la justicia. En un mensaje a la nación, Macron expresó su indignación por los daños causados, cuestionando cómo ciudadanos franceses pudieron llevar a cabo tales actos contra su propio país.
“Al ver estas imágenes, todos nos preguntamos: ¿qué pasa por sus cabezas?”, dijo Macron, al referirse a los ataques en ciudades como Limoges, Lyon y Marsella. El mandatario calificó los incidentes de “inexplicables e imperdonables”, y enfatizó que la ira y la vergüenza son sentimientos compartidos por todos los franceses tras ver sus ciudades devastadas.
La violencia, considerada una de las más graves en años, llevó a Macron a condenar los destrozos y a anunciar medidas para fortalecer la seguridad. Aclaró que no se debe confundir a los manifestantes pacíficos con aquellos que recurren a la violencia. “Los que saquearon tendrán que pagar por los daños”, advirtió el presidente, quien también subrayó la necesidad de proteger el orden público y las instituciones republicanas.
Las manifestaciones, inicialmente motivadas por el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, se tornaron violentas, resultando en enfrentamientos y daños significativos. En Limoges, el ayuntamiento histórico fue incendiado, mientras que en París se reportaron saqueos y enfrentamientos con la policía.
Las cifras oficiales revelaron que cerca de 2,400 personas fueron detenidas y casi mil policías resultaron heridos, siete de ellos de gravedad. Macron atribuyó la violencia a grupos radicales de extrema izquierda, pero insistió en que las reivindicaciones sociales no deben ser confundidas con actos delictivos.
El presidente también anunció un refuerzo en las medidas de seguridad y una revisión de las acciones policiales durante las protestas. En medio de críticas sobre la gestión de la seguridad, el primer ministro, Sébastien Lecornu, afirmó que la violencia no intimidará al Gobierno ni servirá para imponer una agenda política antes de las elecciones presidenciales de 2027.
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