Recientes datos del Secretariado de Seguridad, presentados en la conferencia matutina, indican una disminución en los crímenes en comparación con años anteriores. Se celebró incluso el día con menos delitos en varios lustros. Sin embargo, estas cifras son cuestionables, ya que muchos crímenes no son resueltos y permanecen en la impunidad.
La impunidad se ha convertido en un refugio para quienes infringen la ley. Muchos delitos no se investigan de oficio y simplemente se ignoran. Los funcionarios públicos parecen no verse afectados por la comisión de delitos, lo que incluye a quienes ordenan o cometen asesinatos sin temor a represalias.
Recientemente, el periodista oaxaqueño Alejandro Leyva denunció, a través de un video, el acoso por parte de las autoridades estatales bajo el mando de Salomón Jara. Leyva responsabilizó al gobernador de cualquier daño que pudiera sufrir. Pocos días después de su denuncia, fue asesinado, lo que generó temor entre sus colegas.
Las autoridades han prometido investigar y no dejar el crimen impune, pero hasta ahora no han abordado la denuncia presentada por Leyva ante la Comisión de Derechos Humanos. En esta denuncia, el periodista señala al gobernador Jara, al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y al Consejero Jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, como responsables de su seguridad y la de su familia.
La impunidad en Oaxaca es evidente, al igual que en el resto del país. En la última década, 15 periodistas han sido asesinados en Oaxaca, y en junio pasado, cuatro comuneros fueron víctimas de homicidio. La violencia en la región del Istmo es alarmante, mientras la fiscalía estatal, dirigida por José Bernardo Rodríguez Alamilla, permanece inactiva.
Los altos índices de criminalidad no son exclusivos de Oaxaca. En Benito Juárez, Cancún, el comandante de la unidad de narcomenudeo, Josué Cárdenas Rosales, fue emboscado en el centro del municipio. En Zacatecas, esta semana, se hallaron diez cuerpos de exfuncionarios y empresarios asesinados de manera violenta.
En ninguno de estos casos se han visto acciones concretas de investigación o detenciones de los responsables, lo que sugiere que se sumarán a la larga lista de crímenes sin justicia.
Por otro lado, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, y otros siete empresarios han sido vinculados a proceso por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal. Además, se ha confirmado que el Mundial de Fútbol no generó los beneficios económicos esperados, ya que de cinco millones de turistas internacionales proyectados, solo llegó un millón.
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