La protesta social en México se ha consolidado como una expresión esencial de la democracia, aprendiendo de experiencias pasadas que la represión solo genera más descontento. Este descontento puede tener repercusiones políticas significativas, incluso anticipando derrotas electorales. La alternancia en el poder es vista como intolerable por aquellos que creen que el control es perpetuo.
Recientemente, miles de personas se manifestaron en Guadalajara exigiendo acceso a agua limpia. La respuesta de las autoridades, que incluyó el uso de la fuerza y detenciones, complicó aún más una situación que requería diálogo y soluciones efectivas. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la actuación policial, mientras que el gobernador Pablo Lemus reconoció los excesos, liberó a los detenidos y prometió una investigación. Aunque rectificar es crucial, no elimina el agravio ni la responsabilidad de asegurar el derecho a manifestarse.
A pesar de la condena a la represión, las protestas de trabajadores del IMSS fueron minimizadas por algunas autoridades. Es fundamental entender que escuchar no es lo mismo que desacreditar; las autoridades pueden no estar de acuerdo con las demandas, pero no deben deslegitimar a quienes protestan.
En los últimos años, ha crecido la tendencia desde el poder a confundir la crítica con hostilidad política. Esta no es una práctica exclusiva de un solo partido. No se espera que los gobernantes celebren las manifestaciones, pero sí se les exige respeto, apertura al diálogo y la capacidad de abordar las causas del descontento. La tolerancia se mide en la respuesta a quienes incomodan.
Los problemas persisten y las movilizaciones seguirán. La lección es clara: los ciudadanos deben encontrar en los partidos y las instituciones formas de canalizar sus demandas. Si el voto se ve afectado por elecciones desiguales, también se erosiona la civilidad política. Proteger la democracia implica garantizar que las protestas sean escuchadas y que el descontento tenga un lugar en las urnas. Cuando se cierran estas vías, el riesgo se extiende más allá del gobierno y amenaza al régimen democrático.
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