La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó su desacuerdo tras ser incluida en un listado por la Consejera Jurídica del Gobierno Federal. Según López Rabadán, esta acción representa una forma de estigmatización y una muestra de autoritarismo.
Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada argumentó que su inclusión, junto a ciudadanos, periodistas y otros políticos, marca un límite que no debió cruzarse por parte del Gobierno Federal. Calificó como “lamentable” que se le considere enemiga del régimen, asegurando que su papel en la Cámara se ha mantenido dentro de los parámetros institucionales y con respeto hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
López Rabadán advirtió que las listas que identifican públicamente a personas por sus posturas políticas pueden afectar el ejercicio de derechos y el funcionamiento democrático. Criticó que una funcionaria del gobierno participe en acciones que, según ella, buscan desacreditar a quienes tienen opiniones diferentes. “La consejera jurídica rebasó un límite ético y demuestra un talante autoritario terrible”, afirmó ante los medios.
La legisladora también se refirió a la controversia por la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Reconoció que Estados Unidos tiene la autoridad para decidir quién puede ingresar a su territorio, pero consideró importante conocer las razones detrás de esta decisión, dado que las leyes estadounidenses permiten la cancelación de visas por motivos como actividades delictivas o riesgos a la seguridad pública.
Respecto a un posible proceso de desafuero contra el senador priista Alejandro Moreno, López Rabadán indicó que el asunto sigue pendiente en la Cámara de Diputados y que serán los grupos parlamentarios quienes definan sus posturas. También abordó el tema de la aplicación de la justicia, mencionando que existe un trato diferenciado en este ámbito, citando el caso de Ernesto Ruffo, quien permanece en prisión, en comparación con otros actores políticos.
La presidenta de la Cámara concluyó que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, sin distinciones basadas en la identidad o la filiación política, y que las instituciones deben actuar bajo criterios generales.
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