Cuatro jóvenes, entre ellos Samuel, conocido como “el Chico de Rappi”, fueron vinculados a proceso tras su participación en una protesta el 11 de octubre frente a Casa Jalisco, donde ciudadanos exigieron soluciones por la mala calidad del agua. La audiencia judicial concluyó con la decisión del juez de procesar a Samuel, Alexis, Juan Darío y Teodoro por presuntos delitos de lesiones y agresiones a “representantes de la autoridad”.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) criticó la resolución, señalando que representa una forma de criminalización de la protesta social. Al finalizar la audiencia, la organización demandó el retiro de todos los cargos y enfatizó que nadie debería enfrentar consecuencias penales por ejercer su derecho a manifestarse.
La movilización se llevó a cabo en respuesta a las quejas de los ciudadanos sobre el agua que reciben en sus hogares, la cual presenta mal olor, coloración inusual y sedimentos. La manifestación concluyó en un operativo policial que derivó en enfrentamientos entre los agentes y los manifestantes, lo que generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades.
El caso ha puesto en tela de juicio la respuesta del gobierno estatal ante las demandas por acceso al agua potable. El CEPAD ha exigido que se respeten las garantías judiciales de los jóvenes y que el proceso no sirva para desalentar futuras movilizaciones.
La vinculación a proceso sugiere que el juez encontró elementos suficientes para continuar la investigación penal, aunque no implica una sentencia condenatoria ni determina la culpabilidad de los acusados. Por otro lado, no ha habido información sobre los policías acusados de abuso y el robo de herramientas de trabajo a los jóvenes, como en el caso de Samuel, quien perdió su motocicleta, evidenciado en videos.
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