La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, presentó un nuevo paquete de medidas de seguridad para combatir los disturbios y la violencia durante las manifestaciones. Las sanciones incluyen penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20 mil euros para quienes participen en actos violentos colectivos.
Durante la presentación de las disposiciones, Meloni enfatizó: “Manifestar es un derecho, devastar nuestras ciudades no”. Estas medidas fueron aprobadas por su gabinete el 20 de octubre de 2026, tras los recientes enfrentamientos en Milán y otras ciudades del norte del país.
El decreto establece el delito de participación violenta en manifestaciones, ampliando las consecuencias legales para quienes se agrupen en cinco o más personas y amenacen la seguridad pública lanzando objetos. Las penas podrían incrementarse si los participantes ocultan su rostro o causan lesiones.
Otra medida importante es la posibilidad de que los padres sean responsables de pagar multas y reparar daños causados por sus hijos menores de edad durante episodios de violencia. El Gobierno argumenta que los actos de vandalismo no pueden ser justificados como formas de protesta.
Además, se endurecen las disposiciones para los menores de edad, presumiendo que los adolescentes de entre 14 y 18 años comprenden sus actos, a menos que se demuestre lo contrario. También se contempla la retención preventiva de menores en ciertas circunstancias para prevenir delitos.
El paquete legislativo incluye sanciones para quienes promuevan la organización de manifestaciones violentas a través de plataformas digitales, con penas que van de cuatro a 12 años de prisión, según la agencia ANSA.
Meloni defendió estas medidas, señalando que detrás de los negocios afectados hay familias y trabajadores que pueden perder sus ingresos. La respuesta oficial se produce tras disturbios que involucraron enfrentamientos con la policía y saqueos en diversas localidades.
El decreto también prevé aumentar los recursos de la justicia juvenil y la capacidad de los centros de internamiento, buscando aplicar sanciones de manera más efectiva a los adolescentes que cometan delitos. Asimismo, se reforzará la presencia militar en Milán, aunque se modificaron las propuestas iniciales sobre las facultades de los militares en funciones policiales.
Desde su llegada al poder en 2022, la administración de Meloni ha implementado reformas de seguridad que amplían las sanciones y facultades de las autoridades, y este nuevo decreto continúa esa línea de acción.
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