Las autoridades de Irán han llevado a cabo la ejecución de Ali-Sina Mostafavi, un alpinista de 38 años originario de Kerman, según reporta Mizan News, el medio oficial del poder judicial. La ejecución se produjo tras una advertencia de la organización de derechos humanos Dadban, que había señalado un día antes que la ejecución podría ser inminente debido a su traslado a régimen de aislamiento.
Dadban también informó que las autoridades penitenciarias habían convocado a la familia de Mostafavi para una última visita. Además, la organización Human Rights for Sports lo incluyó en una lista de atletas en riesgo de ejecución.
Mizan News indica que Mostafavi fue acusado de llevar a cabo ataques armados en Kerman, incluyendo tiroteos que hirieron a civiles. Las autoridades lo vinculaban con el activista político Reza Pahlavi y con Israel, afirmando que había filmado lugares afectados durante la guerra. Sin embargo, el medio oficial no proporcionó detalles sobre el juicio ni las pruebas presentadas en su contra.
Desde hace tiempo, el régimen iraní utiliza cargos vagos como espionaje, atentado contra la seguridad nacional y corrupción en la tierra para reprimir la disidencia y eliminar a opositores políticos. Las organizaciones de derechos humanos sostienen que estos cargos son frecuentemente aplicados a manifestantes y disidentes, presentándolos como amenazas a la seguridad para justificar su ejecución.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y expertos de la ONU han documentado numerosos casos en los que los tribunales iraníes han emitido condenas tras juicios injustos y sumarios, donde se niega a los acusados el acceso a una defensa adecuada. Las condenas a menudo se basan en confesiones obtenidas bajo tortura, lo que lleva a las organizaciones a calificar muchas de estas ejecuciones como arbitrarias y políticamente motivadas.
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