El parlamento iraní aprobó un proyecto de ley que sancionaría las entrevistas y comunicaciones con medios considerados hostiles, como aquellos de Estados Unidos e Israel, así como los financiados por estos países. Este proyecto, que aún debe ser revisado por el Consejo de Guardianes, establece penas de seis meses a dos años de prisión para quienes infrinjan esta normativa.
Además, las entrevistas con medios extranjeros requerirían notificación al Ministerio de Inteligencia. El contacto con embajadas o instituciones no iraníes, sin permiso del Ministerio de Asuntos Exteriores, podría resultar en multas y la pérdida de ciertos derechos sociales.
El proyecto también contempla penas más severas por delitos económicos supervisados por extranjeros y prohíbe la divulgación de información sin la aprobación correspondiente. Las propuestas políticas o legislativas bajo la influencia de servicios de inteligencia extranjeros podrían ser castigadas con hasta 30 años de prisión, siendo estos casos juzgados por los Tribunales Revolucionarios.
Este no es un hecho aislado, ya que en 2025 se aprobó una ley similar que endureció las sanciones por cooperación con entidades extranjeras tras un conflicto de 12 días con Israel. Recientemente, la fotoperiodista Yalda Moaiery fue condenada a 15 años de prisión por, entre otras acusaciones, haber concedido entrevistas a medios considerados hostiles.
Moaiery, quien compartió imágenes de los daños por ataques aéreos con CNN, afirmó que a pesar de la condena, su compromiso con el periodismo se mantiene firme. “No tengo nada que perder. El régimen me lo arrebató todo y lo único que conservo es mi verdad y mi honestidad como observadora”, declaró.
La represión contra los periodistas se intensifica en un contexto donde las ejecuciones de personas acusadas de espionaje han aumentado, alcanzando al menos 1,639 ejecuciones en el último año, la cifra más alta desde 1989, según organizaciones de derechos humanos.
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