El pasado 3 de octubre, la primera mandataria presentó una serie de reformas constitucionales que serán enviadas al Senado para que sean aprobadas en beneficio de ellas.
Se trata de realizar una modificación a seis artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (4, 21, 41, 73, 116 y 123), cuya finalidad es ayudar y brindar protección a mujeres y niños con las propuestas.
Las iniciativas buscan:
Garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres en la Constitución
Garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres (trabajo y sueldo igual, es decir, sin distinción de género)
Ampliar la obligatoriedad de paridad de género en toda la Administración Pública Federal y estatal para gabinetes en entidades y municipios
Fortalecer las medidas de protección para las mujeres en materia de violencia digital (Ley Olimpia) y para las leyes que garanticen que el agresor salga de casa
Garantizar la mayor protección para las mujeres frente a la denominada ley vicaría (violencia contra las mujeres ejercida a través de una tercera persona)
Disponer que todas las entidades federativas deberán contar con fiscales de investigación de delitos por razón de género
Establecer que las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia deberán ajustar sus actuaciones con perspectiva de género
Establecer en la Constitución el derecho de todas las personas a un vida libre de violencia
Disponer que el Estado mexicano tiene deberes reforzados con las mujeres, es decir, de fortalecer y profundizar su actuación para garantizar una vida libre de violencia
Establecer que las autoridades federales puedan conocer de las medidas de protección que derivan de delitos del fuero común
Para mayor coordinación y colaboración institucional y entre los tres órdenes de gobierno, se crea el Registro Nacional de medidas de protección de las mujeres, adolescentes, niñas y niños
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