La gobernadora Rocío Nahle García ha presentado una iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 78 de la Constitución Política de Veracruz, enfocándose en la eliminación de la inmunidad procesal penal para los servidores públicos. Esta propuesta fue incluida en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado el 17 de septiembre.
La reforma busca que autoridades municipales, legisladores, titulares de secretarías, la Contraloría General, la Fiscalía General, jueces y otros miembros de instituciones estatales no cuenten con un escudo ante la justicia por el simple hecho de ocupar un cargo público. La iniciativa plantea que la responsabilidad de un funcionario no debe ser una excusa para evadir posibles responsabilidades penales.
El siguiente paso es que el Congreso discuta y analice la propuesta, y si es aprobada, se deberá asegurar su aplicación efectiva. La eliminación de la inmunidad procesal no tendría sentido si las denuncias se quedan sin atender, acumulándose en escritorios.
Es fundamental que se revisen las denuncias ya presentadas ante la Fiscalía General del Estado por presuntos malos manejos en la administración de recursos públicos. El objetivo no es condenar sin pruebas, sino que las investigaciones se sigan adecuadamente y se actúe conforme a la ley cuando existan elementos suficientes.
La justicia debe ser imparcial, sin importar quién ocupa un cargo, y no debe depender del tiempo que queda en un periodo de gobierno. La eliminación de la inmunidad procesal podría ser un cambio significativo en las reglas para los funcionarios públicos, pero el verdadero reto será garantizar que la ley se aplique equitativamente a todos, desde legisladores hasta ciudadanos.
Como bien apuntó el filósofo xalapeño Pancho López: “Quitar el fuero es quitar el paraguas; ahora falta ver si cuando llueva justicia, nadie corre a esconderse.”
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