La senadora Rocío Corona Nakamura presentó una propuesta para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo es prohibir de manera explícita el matrimonio infantil, las uniones de hecho y el concubinato entre menores de edad, además de limitar las jornadas laborales extraordinarias para adolescentes trabajadores.
La reforma sugiere cambios a los artículos 45 y 47 de la ley, con el fin de proteger los derechos de la niñez. La senadora advirtió que estas prácticas pueden tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales permanentes.
A pesar de la prohibición del matrimonio infantil en el país, esta práctica persiste, especialmente en comunidades rurales y zonas marginadas. Las uniones se realizan bajo figuras como el concubinato o «uniones de hecho», lo que permite evadir la legislación y dificulta la protección de niñas y adolescentes.
La iniciativa busca que se prohíban no solo el matrimonio infantil, sino también cualquier forma equivalente, sin importar usos o costumbres. Corona Nakamura enfatizó que las reformas son necesarias para consolidar los avances en la erradicación del matrimonio infantil y dotar a las autoridades de herramientas legales para prevenir y sancionar estas violaciones.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que miles de niñas y adolescentes siguen siendo obligadas a unirse con hombres adultos mediante estas figuras legales. La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC) indicó que estas uniones están relacionadas con violencia sexual, embarazos forzados, abandono escolar y perpetuación de la desigualdad de género.
Un informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reveló que alrededor de un millón 420 mil niñas y adolescentes en México están casadas o unidas antes de cumplir 18 años. Regiones como la Montaña de Guerrero, Chiapas y Oaxaca siguen enfrentando matrimonios forzados bajo justificaciones culturales, privando a las menores de educación y salud.
Asimismo, la senadora Corona Nakamura busca abordar el trabajo adolescente, que afecta el derecho a la educación y al descanso. Aunque la ley establece que la edad mínima para trabajar es de 15 años, muchos adolescentes realizan jornadas extraordinarias. La legisladora propuso incluir esta protección de manera explícita en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para fortalecer la prevención y sanción de estas prácticas.
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