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\n\/ Eduardo Sadot \/<\/p>\n
Lo que est\u00e1 ocurriendo en Sinaloa y las tensiones p\u00fablicas surgidas alrededor de mandos militares y autoridades civiles revelan algo profundamente preocupante: el deterioro de la relaci\u00f3n institucional entre el poder pol\u00edtico y las Fuerzas Armadas mexicanas, consecuencia de a\u00f1os de decisiones improvisadas y del uso pol\u00edtico de instituciones fundamentales del Estado. El caso del General Gerardo M\u00e9rida S\u00e1nchez refleja hasta qu\u00e9 punto la crisis de seguridad en Sinaloa ha colocado a las Fuerzas Armadas en el centro de la tensi\u00f3n pol\u00edtica nacional. La exposici\u00f3n p\u00fablica del tema, el nivel de especulaci\u00f3n y las reacciones pol\u00edticas evidencian una situaci\u00f3n extraordinariamente delicada para el Estado mexicano.<\/p>\n
Pero adicionalmente, las versiones surgidas alrededor de diferencias entre autoridades civiles de Sinaloa y el comandante de la Novena Regi\u00f3n Militar, General Santos Gerardo Delgado Soto, as\u00ed como la percepci\u00f3n de incomodidad dentro de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional, abren otro frente todav\u00eda m\u00e1s sensible: el desgaste institucional provocado por la creciente politizaci\u00f3n de las Fuerzas Armadas. Si efectivamente existieron tensiones derivadas del trato pol\u00edtico hacia mandos militares en medio de una crisis de seguridad, el hecho ser\u00eda extremadamente delicado, porque exhibir\u00eda los l\u00edmites de una relaci\u00f3n que durante a\u00f1os fue sometida a presiones impropias de la naturaleza militar.<\/p>\n
La crisis de Sinaloa tambi\u00e9n exhibe otro problema profundo del sistema pol\u00edtico mexicano: la improvisaci\u00f3n en la selecci\u00f3n de cuadros de gobierno. En entidades sometidas a presi\u00f3n del crimen organizado, violencia y tensi\u00f3n institucional con las Fuerzas Armadas, no basta la lealtad partidista ni los mecanismos internos de reparto pol\u00edtico; se requiere experiencia, capacidad de conducci\u00f3n y comprensi\u00f3n del Estado.<\/p>\n
Durante a\u00f1os se normaliz\u00f3 la idea de que cualquier persona pod\u00eda gobernar \u00fanicamente por cercan\u00eda pol\u00edtica o popularidad, minimizando la importancia de la preparaci\u00f3n, la experiencia administrativa y el conocimiento t\u00e9cnico. La propia narrativa pol\u00edtica de las \u201ct\u00f3mbolas\u201d y de los cargos distribuidos bajo criterios predominantemente partidistas termin\u00f3 enviando el mensaje de que la capacidad pod\u00eda ser sustituida por obediencia pol\u00edtica. Hoy comienzan a verse las consecuencias.<\/p>\n
Sinaloa no es un estado cualquiera. Es una entidad atravesada por problemas de seguridad nacional, crimen organizado, presi\u00f3n internacional y crisis de gobernabilidad. En un contexto as\u00ed, un error pol\u00edtico puede convertirse r\u00e1pidamente en un conflicto institucional de enormes dimensiones. La llegada de perfiles sin experiencia suficiente para enfrentar crisis de seguridad y gobernabilidad termina trasladando el costo de la inexperiencia a las instituciones de la Rep\u00fablica. Y cuando esa falta de capacidad toca la relaci\u00f3n con las Fuerzas Armadas, el riesgo para el Estado mexicano se multiplica.<\/p>\n
El trato dado a las Fuerzas Armadas en los \u00faltimos a\u00f1os tambi\u00e9n merece una reflexi\u00f3n profunda. Se les asignaron funciones ajenas a su naturaleza esencial: construcci\u00f3n de obras p\u00fablicas, administraci\u00f3n de aeropuertos, hoteles, aduanas y l\u00edneas a\u00e9reas, mientras se justificaba la opacidad bajo el argumento de la seguridad nacional. Esa expansi\u00f3n de tareas no fortaleci\u00f3 institucionalmente al Ej\u00e9rcito; por el contrario, lo expuso pol\u00edticamente y lo coloc\u00f3 en zonas de desgaste que no corresponden a su misi\u00f3n constitucional.<\/p>\n
Por eso resulta especialmente importante recordar lo que establece la Ley de Disciplina del Ej\u00e9rcito, Fuerza A\u00e9rea y Guardia Nacional. El art\u00edculo 14 se\u00f1ala con claridad que ning\u00fan militar debe obedecer \u00f3rdenes cuya ejecuci\u00f3n constituya un delito y que tanto quien la emite como quien la cumple son responsables conforme al C\u00f3digo de Justicia Militar. El art\u00edculo 17 proh\u00edbe expresamente a los militares en servicio activo inmiscuirse en asuntos pol\u00edticos. Esos principios existen para proteger a las instituciones armadas de convertirse en instrumentos de intereses pol\u00edticos o personales. La fortaleza del Ej\u00e9rcito mexicano hist\u00f3ricamente ha descansado en su institucionalidad, disciplina y subordinaci\u00f3n al Estado, no a proyectos pol\u00edticos temporales.<\/p>\n
Al interior de las Fuerzas Armadas tambi\u00e9n comienza a percibirse una preocupaci\u00f3n leg\u00edtima sobre los l\u00edmites de la subordinaci\u00f3n pol\u00edtica cuando \u00e9sta amenaza con convertirse en degradaci\u00f3n institucional. Ninguna instituci\u00f3n armada puede preservar prestigio, cohesi\u00f3n y autoridad moral si es utilizada para funciones pol\u00edticas, administrativas o propagand\u00edsticas ajenas a su naturaleza constitucional.<\/p>\n
M\u00e9xico necesita Fuerzas Armadas fuertes, respetadas y alejadas de la confrontaci\u00f3n pol\u00edtica. Pero tambi\u00e9n necesita gobiernos que comprendan los l\u00edmites constitucionales del poder y la enorme responsabilidad que implica utilizar a las instituciones militares como herramientas de operaci\u00f3n pol\u00edtica o administrativa. La historia demuestra que cuando los gobiernos confunden lealtad institucional con obediencia pol\u00edtica absoluta, terminan debilitando precisamente a las instituciones que dicen defender.<\/p>\n
@eduardosadot
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