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\n04.05.2026 Ciudad de M\u00e9xico. En un giro que contrasta con otros expedientes recientes de alto perfil-como el caso de Rub\u00e9n Rocha Moya- la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica decidi\u00f3 apretar el paso en la investigaci\u00f3n del operativo en la Sierra del Pinal, en Chihuahua, al confirmar que citar\u00e1 a declarar a cerca de 50 personas y que mantiene bajo revisi\u00f3n la actuaci\u00f3n de autoridades estatales, incluido el entorno de la gobernadora Mar\u00eda Eugenia Campos Galv\u00e1n.<\/p>\n
El nuevo posicionamiento de la Fiscal\u00eda no abre la investigaci\u00f3n, que ya estaba en curso desde finales de abril, pero s\u00ed marca una diferencia en la forma en que se est\u00e1 conduciendo: lejos de moderar el tono, la instituci\u00f3n reiter\u00f3 que agotar\u00e1 todas las l\u00edneas de investigaci\u00f3n, especialmente aquellas relacionadas con la posible participaci\u00f3n o conocimiento de autoridades locales sobre la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.<\/p>\n
El expediente se origin\u00f3 tras la muerte de cuatro personas durante un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas sint\u00e9ticas en el municipio de Morelos. Dos de ellas fueron identificadas como agentes extranjeros que participaban en tareas vinculadas a una investigaci\u00f3n estatal, lo que encendi\u00f3 alertas sobre la legalidad de su intervenci\u00f3n.<\/p>\n
Ahora, el foco est\u00e1 en reconstruir con precisi\u00f3n c\u00f3mo se dise\u00f1\u00f3 y ejecut\u00f3 ese operativo. \u201cSe est\u00e1n realizando diligencias para verificar las autorizaciones, acreditaciones y condiciones jur\u00eddicas bajo las cuales actuaron los involucrados\u201d, indic\u00f3 la FGR, al confirmar que ha girado requerimientos a distintas instancias de gobierno.<\/p>\n
“Como parte de los trabajos realizados por la FGR, hemos logrado avanzar con la indagatoria, por lo que cerca de 50 personas que participaron en el operativo llevado a cabo en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, est\u00e1n siendo citadas a efecto de ser entrevistadas en los pr\u00f3ximos d\u00edas”.<\/p>\n
“Asimismo, se han realizado requerimientos de ley, dirigidos a diversas autoridades, para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, el conocimiento de esta circunstancia por parte de las autoridades del Gobierno de Chihuahua y las condiciones jur\u00eddicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido”, se\u00f1al\u00f3 el vocero. <\/p>\n
Fuentes federales explican que no se trata solo de esclarecer las muertes, sino de determinar si hubo irregularidades en la coordinaci\u00f3n entre niveles de gobierno o incluso violaciones a la legislaci\u00f3n en materia de seguridad nacional.<\/p>\n
El \u00e9nfasis en Chihuahua resalta en el contexto reciente, donde otros casos con implicaciones similares no han mostrado el mismo ritmo de judicializaci\u00f3n o presi\u00f3n p\u00fablica. En este expediente, en cambio, la Fiscal\u00eda ha optado por sostener una l\u00ednea firme y visible, con mensajes reiterados sobre la necesidad de deslindar responsabilidades sin excepciones.<\/p>\n
\u201cLa investigaci\u00f3n ser\u00e1 exhaustiva y se actuar\u00e1 contra quien resulte responsable\u201d, reiter\u00f3 la instituci\u00f3n, en voz de Ulises Lara, dejando claro que el an\u00e1lisis incluye no solo a quienes participaron directamente en el operativo, sino tambi\u00e9n a quienes pudieron haber autorizado o permitido condiciones irregulares.<\/p>\n
“La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica reitera que investigar\u00e1 de manera exhaustiva lo ocurrido, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable ante la presencia de personas extranjeras, al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional”, advierte. <\/p>\n
En el entorno pol\u00edtico, la menci\u00f3n indirecta a autoridades estatales ha generado lecturas encontradas. Mientras algunos sectores consideran que se trata de una investigaci\u00f3n necesaria ante posibles fallas graves, otros advierten un trasfondo pol\u00edtico en la insistencia federal sobre el caso de la gobernadora de oposici\u00f3n previo a unas elecciones de gran envergadura en Chihuahua.<\/p>\n
Especialistas en seguridad coinciden en que el punto m\u00e1s delicado ser\u00e1 determinar si los agentes extranjeros vinculados a la Central Intelligence Agency, contaban con respaldo legal para operar en M\u00e9xico. De no ser as\u00ed, el caso podr\u00eda escalar a implicaciones diplom\u00e1ticas y penales de mayor alcance para el gobierno de Chihuahua.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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