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\n29.04.2026 Ciudad de M\u00e9xico.- La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica inform\u00f3 que analiza conforme a la ley las solicitudes enviadas por el Gobierno de Estados Unidos para la detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n de funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rub\u00e9n Rocha Moya, y subray\u00f3 que hasta ahora la documentaci\u00f3n recibida no presenta pruebas suficientes para sustentar de inmediato ese procedimiento.<\/p>\n
La instituci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que, tras la notificaci\u00f3n oficial realizada por la Secretar\u00eda de Relaciones Exteriores, corresponde a la Fiscal\u00eda Especial para Asuntos Internacionales revisar cada expediente para determinar si existen elementos jur\u00eddicos y probatorios que permitan avanzar legalmente en territorio mexicano.<\/p>\n
De forma paralela, la FGR abri\u00f3 una investigaci\u00f3n propia para recabar informaci\u00f3n adicional y establecer si las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses cuentan con base legal suficiente para promover \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n en M\u00e9xico.<\/p>\n
La dependencia record\u00f3 que la legislaci\u00f3n nacional exige datos de prueba concretos para solicitar acciones penales ante jueces federales, mientras que el tratado bilateral de extradici\u00f3n establece que cualquier entrega solo procede cuando las evidencias cumplen con los est\u00e1ndares legales del pa\u00eds requerido.<\/p>\n
Seg\u00fan la postura oficial, la solicitud estadounidense carece por ahora de evidencia contundente que respalde plenamente los se\u00f1alamientos expuestos.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda tambi\u00e9n manifest\u00f3 preocupaci\u00f3n por la difusi\u00f3n p\u00fablica del caso, al se\u00f1alar que este tipo de procedimientos debe mantenerse bajo estricta confidencialidad, como lo marcan acuerdos internacionales, normas diplom\u00e1ticas y disposiciones procesales tanto mexicanas como estadounidenses.<\/p>\n
Adem\u00e1s, record\u00f3 que en casos que involucren a gobernadores o senadores en funciones, la legislaci\u00f3n mexicana obliga a realizar primero un juicio de procedencia para retirar inmunidad procesal antes de cualquier acci\u00f3n penal.<\/p>\n
La FGR sostuvo que actuar\u00e1 con apego absoluto al marco constitucional, a la soberan\u00eda nacional y al debido proceso, insistiendo en que ninguna acci\u00f3n puede ejecutarse fuera de los cauces legales establecidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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