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\n29.04.2026 NY. EUA.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunci\u00f3 este 29 de abril de 2026 una acusaci\u00f3n federal hist\u00f3rica contra el gobernador de Sinaloa, Rub\u00e9n Rocha Moya, y otros nueve altos funcionarios y exfuncionarios de su administraci\u00f3n, se\u00f1al\u00e1ndolos como parte de una red de corrupci\u00f3n pol\u00edtica al servicio del C\u00e1rtel de Sinaloa. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n fue presentada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y desclasificada por la Fiscal\u00eda estadounidense, encabezada por el fiscal federal Jay Clayton, junto con la DEA. Seg\u00fan el expediente, Rocha Moya y sus colaboradores habr\u00edan conspirado con l\u00edderes de la facci\u00f3n de Los Chapitos para facilitar el tr\u00e1fico masivo de fentanilo, hero\u00edna, coca\u00edna y metanfetaminas hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos millonarios, respaldo pol\u00edtico y protecci\u00f3n institucional.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n incluye cargos por conspiraci\u00f3n para importar narc\u00f3ticos a Estados Unidos, posesi\u00f3n y conspiraci\u00f3n para facilitar armas de alto poder, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos, adem\u00e1s de participaci\u00f3n en estructuras criminales transnacionales<\/p>\n
Bajo la legislaci\u00f3n federal estadounidense, estos delitos pueden derivar en penas m\u00ednimas obligatorias de 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n y hasta cadena perpetua. Para Rocha Moya y varios de los imputados, el expediente sostiene que utilizaron posiciones de poder dentro del gobierno sinaloense para garantizar protecci\u00f3n pol\u00edtica y operativa al c\u00e1rtel, asegurando el flujo de drogas y armamento a trav\u00e9s de la frontera.<\/p>\n
Entre los coacusados figuran el senador morenista Enrique Inzunza C\u00e1zarez, exsecretarios de gobierno, responsables de seguridad p\u00fablica, mandos ministeriales y autoridades municipales, entre ellos Enrique D\u00edaz Vega, D\u00e1maso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avil\u00e9s, Alberto Jorge Contreras N\u00fa\u00f1ez, Gerardo M\u00e9rida S\u00e1nchez, Jos\u00e9 Antonio Dionisio Hip\u00f3lito, Juan de Dios G\u00e1mez Mend\u00edvil y Juan Valenzuela Mill\u00e1n. <\/p>\n
Este \u00faltimo enfrenta cargos adicionales particularmente graves por secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar, en represalia por cooperaci\u00f3n con autoridades estadounidenses.<\/p>\n
El fiscal Jay Clayton declar\u00f3 que el caso demuestra que el narcotr\u00e1fico internacional no podr\u00eda operar a gran escala sin el respaldo de funcionarios corruptos, subrayando que \u201cel apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tr\u00e1fico de drogas mortales debe terminar\u201d. <\/p>\n
Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, afirm\u00f3 que el C\u00e1rtel de Sinaloa act\u00faa como una estructura criminal sostenida por corrupci\u00f3n, soborno y violencia, y que la ofensiva judicial busca atacar no solo a los traficantes, sino tambi\u00e9n a sus aliados pol\u00edticos. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n representa un golpe sin precedentes contra una administraci\u00f3n estatal mexicana en funciones, ya que coloca a un gobernador en activo bajo jurisdicci\u00f3n penal estadounidense por delitos de narcotr\u00e1fico y crimen organizado. Aunque ninguno de los acusados se encuentra bajo custodia estadounidense por ahora, el proceso abre la puerta a solicitudes de captura internacional, extradici\u00f3n y sanciones diplom\u00e1ticas adicionales.<\/p>\n
Tambi\u00e9n incrementa la presi\u00f3n sobre el gobierno mexicano ante las acusaciones de que redes pol\u00edticas locales han servido como estructuras de protecci\u00f3n para una de las organizaciones criminales m\u00e1s poderosas del mundo.<\/p>\n
En t\u00e9rminos pol\u00edticos y judiciales, el caso redefine la relaci\u00f3n bilateral en materia de seguridad entre M\u00e9xico y Estados Unidos, elevando la persecuci\u00f3n de corrupci\u00f3n pol\u00edtica vinculada al narcotr\u00e1fico a un nuevo nivel<\/p>\n
La acusaci\u00f3n contra Rocha Moya no solo implica presuntos delitos de narcotr\u00e1fico, sino tambi\u00e9n la presunta conversi\u00f3n de estructuras gubernamentales en instrumentos operativos del crimen organizado transnacional. La magnitud del expediente podr\u00eda tener consecuencias profundas para la estabilidad pol\u00edtica de Sinaloa, para Morena y para la cooperaci\u00f3n judicial internacional en la regi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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