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\n\/ Ana Mar\u00eda salazar \/<\/p>\n
Durante la presente semana, la estrategia de sanciones adoptada por el gobierno de Estados Unidos se ha consolidado como un instrumento fundamental en su pol\u00edtica exterior y de seguridad nacional hacia M\u00e9xico. Los objetivos principales de la estrategia Trump, abarcan la persecuci\u00f3n y desmantelamiento de organizaciones delictivas dedicadas al tr\u00e1fico de estupefacientes y migrantes, la ruptura de v\u00ednculos pol\u00edticos y empresariales con estas entidades, la identificaci\u00f3n y monitoreo de personas y organizaciones que facilitan la operaci\u00f3n de estos grupos clasificados como terroristas por Estados Unidos, as\u00ed como la transformaci\u00f3n de la relaci\u00f3n bilateral-evolucionando de un enfoque en temas comerciales y de seguridad p\u00fablica-a una alianza orientada hacia la seguridad nacional y los intereses estrat\u00e9gicos de la administraci\u00f3n Trump.<\/p>\n
El sistema de sanciones penales, administrativas y comerciales implementado por Estados Unidos no constituye una novedad; sin embargo, durante el \u00faltimo a\u00f1o, se han observado decisiones unilaterales que limitan la cooperaci\u00f3n bilateral en materia comercial y generan repercusiones pol\u00edticas para el gobierno de M\u00e9xico. En administraciones previas, dichas consideraciones formaban parte integral de las negociaciones bilaterales, promoviendo la colaboraci\u00f3n y la gobernabilidad en M\u00e9xico, aunque con altibajos seg\u00fan el contexto pol\u00edtico.<\/p>\n
Actualmente, Estados Unidos utiliza el conjunto de sus mecanismos de sanciones con mayor rigor. Para el gobierno mexicano, as\u00ed como para diversos actores pol\u00edticos, empresariales y sociales, existe el riesgo de ser sujetos de restricciones migratorias, congelamiento de activos en Estados Unidos, prohibici\u00f3n del uso del sistema financiero internacional, cierre de cuentas bancarias en ambos pa\u00edses, extradiciones o entregas extrajudiciales a autoridades estadounidenses. Asimismo, gobiernos, empresas o individuos pueden enfrentar consecuencias reputacionales tanto a nivel nacional como internacional, afectando tambi\u00e9n a sus familiares y allegados.<\/p>\n
Es previsible que empresas, grupos y personas aleguen la injusticia de las acusaciones y las decisiones unilaterales del gobierno estadounidense, se\u00f1alando posibles violaciones a derechos procesales y humanos, debido a la falta de transparencia en la presentaci\u00f3n de pruebas y evidencia.<\/p>\n
El problema es que en la \u00faltima d\u00e9cada, la infiltraci\u00f3n de organizaciones criminales en m\u00faltiples niveles de la sociedad mexicana ha incrementado su control territorial y capacidad operativa, resultando en una escalada de homicidios, desapariciones, extorsi\u00f3n y violencia generalizada. Ante este panorama, la llegada de Donald Trump a la presidencia implica un cambio de estrategia: Estados Unidos emplear\u00e1 todos sus recursos comerciales, econ\u00f3micos, financieros, pol\u00edticos y militares contra distintos sectores mexicanos, relegando los principios de soberan\u00eda y diplomacia que tradicionalmente regulaban la relaci\u00f3n entre ambos pa\u00edses.<\/p>\n
Esta semana vimos varios ejemplos del uso estrat\u00e9gico del sistema de sanciones y persecuci\u00f3n penal del gobierno estadounidenses: Departamento del Tesoro sancion\u00f3 a 27 personas y entidades, enfocados a la familia Grupo Hysa, quienes habr\u00edan utilizado su control sobre negocios en M\u00e9xico \u2014incluidos casinos y restaurantes\u2014 para lavar ganancias del C\u00e1rtel de Sinaloa. Tambi\u00e9n esta semana, Juan Pablo Penilla Rodr\u00edguez, abogado de Miguel \u00c1ngel \u201cZ-40\u201d Trevi\u00f1o Morales, con una cercan\u00eda publica con pol\u00edticos de Morena, particularmente con el actual gobernador de Tamaulipas y varios legisladores. Adem\u00e1s, fue se\u00f1alado Raymundo Ramos, por encabezar la campa\u00f1a de desinformaci\u00f3n del CDN bajo la fachada de activista de derechos humanos. En este mismo que otros dos casinos, ahora en Tamaulipas, ser\u00edan incorporados a la lista negra, por lavar activos para este mismo c\u00e1rtel. El Departamento de Justicia tambi\u00e9n tuvo su anuncio de un caso de corrupci\u00f3n bajo el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) donde un empresario petrolero, Alfonso Wilson, se le acus\u00f3 de un pago millonario a un directivo de Pemex para adjudicar un contrato a cambio de un pago millonario. Este exfuncionario es Javier N\u00fa\u00f1ez L\u00f3pez, uno de los operadores financieros y pol\u00edticos m\u00e1s cercanos a Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador y actualmente alto funcionario en el INFONAVIT.<\/p>\n
Horas antes de la publicaci\u00f3n de esta entrega, el Departamento de Estado anunci\u00f3 la ampliaci\u00f3n de una pol\u00edtica de restricci\u00f3n de visados dirigida a ciudadanos del hemisferio que apoye o facilite gobiernos adversarios, sus agentes o empresas, participen en actividades que socaven los intereses de Estados Unidos, facilitando la adquisici\u00f3n de activos estrat\u00e9gicos por potencias adversarias (China, Rusia, Cuba, Ir\u00e1n, Venezuela) que desestabilicen esfuerzos de seguridad, afecten intereses econ\u00f3micos estadounidenses o impulsen operaciones de influencia que erosionen la estabilidad y la soberan\u00eda de los pa\u00edses del hemisferio. Esta medida seguramente resultar\u00e1 en una revisi\u00f3n de los v\u00ednculos pol\u00edticos y comerciales de mexicanos con individuos, gobiernos y empresas de estos pa\u00edses.<\/p>\n
El \u00e9xito o el fracaso de esta agresiva estrategia de sanciones depender\u00e1, en parte, de los resultados de las elecciones intermedias en el 2027 en M\u00e9xico: \u00bfCu\u00e1l es el perfil de funcionarios electos, quien conforma el gabinete y si se redujo v\u00ednculos pol\u00edticos y empresariales con organizaciones clasificadas como terroristas o pa\u00edses antag\u00f3nicos a Estados Unidos?<\/p>\n
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