* El caso de Leidy y Alexa pone a prueba a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y al Poder Judicial de la Federaci\u00f3n en su capacidad de garantizar una investigaci\u00f3n diligente y un juicio justo, apegados a los est\u00e1ndares de derechos humanos<\/p>\n
Ciudad de M\u00e9xico, 8 de abril de 2026.- A casi un a\u00f1o de la muerte de Leidy y Alexa, dos ni\u00f1as de 11 y 7 a\u00f1os que fueron abatidas por disparos de elementos del Ej\u00e9rcito mexicano en Sinaloa, el caso ha dado un giro relevante con la vinculaci\u00f3n a proceso de 13 militares, se\u00f1ala el . <\/p>\n
La decisi\u00f3n judicial, que incluye cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio, abre una nueva etapa en un proceso que ha sido se\u00f1alado como emblem\u00e1tico de los riesgos asociados a la creciente militarizaci\u00f3n de tareas de seguridad p\u00fablica en el pa\u00eds.<\/p>\n
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, en Sinaloa, cuando una familia se dirig\u00eda a la escuela. Tras encontrar un bloqueo en la carretera, decidieron regresar a su domicilio. Fue en ese momento cuando un convoy de tres veh\u00edculos del Ej\u00e9rcito abri\u00f3 fuego contra la camioneta en la que viajaban, sin que mediara advertencia ni justificaci\u00f3n aparente. En el ataque murieron las dos ni\u00f1as y resultaron heridos otros integrantes de la familia, incluidos dos menores de edad.<\/p>\n
En un inicio, autoridades difundieron la versi\u00f3n de un enfrentamiento, narrativa que no fue corregida p\u00fablicamente pese a las inconsistencias se\u00f1aladas por los familiares y sus representantes legales. Desde entonces, la familia \u2014acompa\u00f1ada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agust\u00edn Pro Ju\u00e1rez\u2014 ha sostenido que se trat\u00f3 de un uso arbitrario e ileg\u00edtimo de la fuerza letal.<\/p>\n
El pasado 31 de marzo, las v\u00edctimas fueron notificadas de la ejecuci\u00f3n de \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n contra 13 elementos de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional. Durante la audiencia, agentes del Ministerio P\u00fablico Federal adscritos a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica presentaron pruebas que apuntan a que los militares dispararon sin apegarse a los principios establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, sosteniendo adem\u00e1s que su actuaci\u00f3n fue dolosa.<\/p>\n
Las defensas de los imputados argumentaron que los hechos ocurrieron en un contexto de alta violencia en la regi\u00f3n y que los elementos actuaron bajo tensi\u00f3n y nerviosismo. Sin embargo, el juez de control Josu\u00e9 No\u00e9 Egure Y\u00e1\u00f1ez determin\u00f3 que exist\u00edan elementos suficientes para vincularlos a proceso bajo la figura de dolo eventual, considerando que su formaci\u00f3n y adiestramiento les permit\u00eda prever las consecuencias letales de sus acciones.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n judicial, emitida desde el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, representa un avance significativo para las v\u00edctimas, pero tambi\u00e9n plantea desaf\u00edos importantes para las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. Por un lado, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica deber\u00e1 robustecer la investigaci\u00f3n durante la etapa complementaria; por otro, el Poder Judicial tendr\u00e1 la responsabilidad de garantizar un proceso imparcial, especialmente en un caso que involucra a fuerzas armadas, donde hist\u00f3ricamente ha prevalecido la impunidad.<\/p>\n
Un punto que contin\u00faa generando controversia es la intervenci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n militar, que abri\u00f3 una investigaci\u00f3n paralela pese a los est\u00e1ndares internacionales que limitan el uso del fuero castrense en casos de violaciones graves a derechos humanos. Este aspecto permanece en litigio y podr\u00eda incidir en el desarrollo del proceso.<\/p>\n
Durante la audiencia, los padres de las ni\u00f1as expresaron el profundo impacto que la tragedia ha tenido en sus vidas, se\u00f1alando que el uso desproporcionado de la fuerza destruy\u00f3 de manera irreversible su proyecto familiar. Tambi\u00e9n manifestaron su exigencia de que la justicia avance con celeridad y sin dilaciones.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 del \u00e1mbito judicial, el caso ha reavivado el debate sobre la pol\u00edtica de seguridad basada en el despliegue militar. Organizaciones de derechos humanos advierten que, sin controles efectivos, este modelo incrementa el riesgo de violaciones graves, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.<\/p>\n
El asesinato de Leidy y Alexa no solo representa una tragedia familiar, sino tambi\u00e9n un llamado urgente a revisar las estrategias de seguridad y a garantizar que hechos similares no se repitan. En este sentido, la actuaci\u00f3n de las autoridades en las pr\u00f3ximas etapas ser\u00e1 clave para determinar si el Estado mexicano es capaz de ofrecer verdad, justicia y reparaci\u00f3n en uno de los casos m\u00e1s dolorosos y representativos de los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n
Mientras tanto, las familias contin\u00faan su lucha, decididas a que la memoria de las ni\u00f1as no quede en la impunidad y a que su caso marque un precedente en la defensa de los derechos humanos frente al uso indebido de la fuerza militar.<\/p>\n
COMUNICADO PRO DH<\/p>\n
El caso de Leidy y Alexa pone rostro a los efectos m\u00e1s lesivos y dolorosos de la profundizaci\u00f3n de la pol\u00edtica de despliegue militar y pone a prueba a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y al Poder Judicial de la Federaci\u00f3n en su capacidad de garantizar una investigaci\u00f3n diligente y un juicio justo, apegados a los est\u00e1ndares de derechos humanos.
\nLa privaci\u00f3n arbitraria de la vida de dos ni\u00f1as por elementos del Ej\u00e9rcito es un hecho intolerable que debe impulsar la adopci\u00f3n de medidas para evitar su repetici\u00f3n.
\nCiudad de M\u00e9xico, 8 de abril de 2026.- El pasado 6 de abril, a 11 meses de que las dos ni\u00f1as, Leidy y Alexa fueron privadas de la vida por elementos del Ej\u00e9rcito, 13 elementos de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (SEDENA) fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio de las dos ni\u00f1as de 11 y 7 a\u00f1os respectivamente, as\u00ed como por la tentativa de homicidio de una adolescente de 14 a\u00f1os, un adolescente de 12 a\u00f1os y dos adultos m\u00e1s, todos integrantes de una misma familia.<\/p>\n
El 6 de mayo de 2025, en la comunidad de La Cieneguilla, en el estado de Sinaloa, la familia transitaba en una camioneta por una carretera con direcci\u00f3n a la escuela. Al darse cuenta de que el camino estaba bloqueado, retorn\u00f3 hacia su casa, cuando sin previo aviso o justificaci\u00f3n alguna, un convoy de tres veh\u00edculos del Ej\u00e9rcito mexicano que circulaba en el otro carril abri\u00f3 fuego en contra del veh\u00edculo en el que transitaban. En un inicio, se anunci\u00f3 que se trat\u00f3 de un enfrentamiento, versi\u00f3n que nunca fue desmentida ni corregida p\u00fablicamente por las autoridades.<\/p>\n
La familia de las dos ni\u00f1as, desde el momento de los hechos, denunci\u00f3 el uso ileg\u00edtimo y arbitrario de la fuerza y han impulsado frente a las instituciones de procuraci\u00f3n de justicia y jurisdiccionales \u2013acompa\u00f1adas por el Centro Prodh\u2013 que se tomen acciones para acceder a la justicia. Cabe resaltar, que contrario a la demora en la justicia civil, la jurisdicci\u00f3n militar abri\u00f3 una investigaci\u00f3n paralela sobre los hechos, contrario a lo que dictan los est\u00e1ndares internacionales sobre la indebida extensi\u00f3n del fuero militar en casos de violaciones graves a derechos humanos \u2013lo que actualmente se encuentra bajo litigio. <\/p>\n
As\u00ed, el pasado 31 de marzo de 2026, las v\u00edctimas fueron notificadas de que se hab\u00edan ejecutado diversas \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n en contra de 13 elementos del Ej\u00e9rcito Mexicano. Durante la audiencia las Agentes del Ministerio P\u00fablico Federal adscritos a la Fiscal\u00eda Especial de Investigaci\u00f3n y Litigaci\u00f3n de Casos Complejos de la Fiscal\u00eda Especializada de Control Regional (FECOR) de la FGR presentaron diversos datos de prueba que acreditaban el uso letal de la fuerza de forma injustificada en contra de la familia, sin observar lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y estableciendo, adecuadamente, que se trat\u00f3 de una actuaci\u00f3n dolosa. <\/p>\n
Las defensas de los elementos \u2013incluyendo una por parte la Defensa de Oficio Militar\u2013 entre otros argumentos destac\u00f3 que los militares actuaron en un contexto de violencia en el estado de Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo. <\/p>\n
Dentro de la duplicidad del t\u00e9rmino constitucional, el Juez de Control Josu\u00e9 No\u00e9 Egure Y\u00e1\u00f1ez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en los Mochis, dict\u00f3 un auto de vinculaci\u00f3n a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, bajo la figura del dolo eventual. Esto, porque los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formaci\u00f3n en el uso de la fuerza y exist\u00eda una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionar\u00eda el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia, adem\u00e1s de no actualizarse alguna causal de exclusi\u00f3n de responsabilidad. <\/p>\n
Los padres y madres de Leidy y Alexa estuvieron presentes en la audiencia y pudieron manifestar c\u00f3mo este evento de uso arbitrario de la fuerza letal destruy\u00f3 irreparablemente su proyecto de vida, as\u00ed como su inter\u00e9s en que la justicia sea diligente y expedita.<\/p>\n
La determinaci\u00f3n conlleva nuevos retos por delante para que la FGR contin\u00fae fortaleciendo y perfeccionando la indagatoria en la siguiente etapa de investigaci\u00f3n complementaria, y en tanto el Poder Judicial de la Federaci\u00f3n debe llevar a cabo un proceso respetuoso de los derechos humanos, en el que demuestre su independencia en casos relacionados con Fuerzas Armadas. La expectativa es que todas las instituciones est\u00e9n a la altura del desaf\u00edo que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos ni\u00f1as a manos de elementos castrenses, en un contexto donde en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares la constante es la impunidad. <\/p>\n
El caso de Leidy y Alexa pone rostro a los efectos m\u00e1s lesivos y dolorosos de la pol\u00edtica de despliegue militar, sin controles efectivos, en contextos de alta vulnerabilidad y violencia. Tambi\u00e9n, es un reflejo de la necesidad de que, desde las m\u00e1s altas autoridades, se emitan mensajes claros de que este tipo de hechos no pueden volver a repetirse.<\/p>\n
Las familias continuar\u00e1n denunciando y exigiendo justicia para estas dos ni\u00f1as y para quienes han sido objeto de graves violaciones a derechos humanos derivadas de la profundizaci\u00f3n de la militarizaci\u00f3n, que se ha perpetuado a lo largo de las diversas administraciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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