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\n13.03.2026 Ciudad de M\u00e9xico.- La organizaci\u00f3n internacional de defensa de la libertad de expresi\u00f3n Art\u00edculo 19 advirti\u00f3 que recientes resoluciones de autoridades electorales en M\u00e9xico est\u00e1n generando preocupaci\u00f3n por los criterios que se est\u00e1n adoptando para analizar y sancionar expresiones relacionadas con el debate p\u00fablico durante procesos electorales, especialmente cuando se trata de cr\u00edticas a candidaturas o comunicaciones privadas.<\/p>\n
En un comunicado, la organizaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que estas decisiones podr\u00edan ampliar de forma preocupante el alcance del derecho sancionador electoral hacia espacios que tradicionalmente han estado protegidos por derechos fundamentales como la libertad de expresi\u00f3n y la inviolabilidad de las comunicaciones.<\/p>\n
Uno de los casos que menciona la organizaci\u00f3n corresponde a la sentencia SG-JDC-17\/2026 emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n. En ese fallo se estableci\u00f3 que expresiones realizadas en conversaciones privadas de WhatsApp pueden ser analizadas para determinar si constituyen violencia pol\u00edtica contra las mujeres en raz\u00f3n de g\u00e9nero.<\/p>\n
El tribunal consider\u00f3 que este tipo de violencia puede presentarse tanto en espacios p\u00fablicos como en comunicaciones interpersonales. Sin embargo, Art\u00edculo 19 advirti\u00f3 que este criterio abre interrogantes importantes sobre el alcance de la protecci\u00f3n constitucional a la privacidad de las comunicaciones, garantizada por el art\u00edculo 16 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
De acuerdo con la organizaci\u00f3n, permitir que conversaciones personales, sin proyecci\u00f3n en el espacio p\u00fablico, sean sometidas a escrutinio judicial dentro de procedimientos sancionadores electorales genera un debate relevante sobre los l\u00edmites entre la protecci\u00f3n de los derechos pol\u00edtico-electorales y el respeto a la privacidad.<\/p>\n
A esta preocupaci\u00f3n se suma otro caso relacionado con publicaciones en redes sociales durante el proceso electoral judicial. En el procedimiento especial sancionador PES-420\/2025, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua resolvi\u00f3 sancionar al activista Miguel Alfonso Meza por publicaciones en redes sociales en las que cuestion\u00f3 la idoneidad de una candidata judicial.<\/p>\n
El activista se\u00f1al\u00f3 en sus publicaciones que la aspirante hab\u00eda formado parte del equipo de defensa legal de Joaqu\u00edn \u201cEl Chapo\u201d Guzm\u00e1n. Seg\u00fan Art\u00edculo 19, las publicaciones no conten\u00edan referencias ni expresiones discriminatorias relacionadas con el g\u00e9nero de la candidata.<\/p>\n
No obstante, las autoridades electorales determinaron imponer diversas sanciones, entre ellas la eliminaci\u00f3n de los contenidos publicados, la emisi\u00f3n de una disculpa p\u00fablica y la inscripci\u00f3n del activista en el registro de personas sancionadas por violencia pol\u00edtica contra las mujeres en raz\u00f3n de g\u00e9nero. La resoluci\u00f3n se emiti\u00f3 en el contexto del proceso electoral para la elecci\u00f3n de personas juzgadoras.<\/p>\n
Para la organizaci\u00f3n, ambos casos reflejan una expansi\u00f3n del uso del derecho sancionador electoral para intervenir en expresiones vinculadas al debate p\u00fablico, especialmente en entornos digitales y plataformas de redes sociales.<\/p>\n
Art\u00edculo 19 subray\u00f3 que la protecci\u00f3n de las mujeres frente a la violencia pol\u00edtica es una obligaci\u00f3n fundamental del Estado mexicano. No obstante, advirti\u00f3 que dicha protecci\u00f3n no debe utilizarse de forma que inhiba la cr\u00edtica leg\u00edtima o el escrutinio p\u00fablico sobre quienes buscan ocupar cargos p\u00fablicos.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n record\u00f3 que el an\u00e1lisis de la trayectoria, antecedentes o idoneidad de personas candidatas forma parte del debate democr\u00e1tico en una sociedad abierta. Limitar la posibilidad de cuestionar o revisar esos antecedentes, especialmente en procesos electorales judiciales, puede afectar el derecho de la ciudadan\u00eda a votar de manera informada.<\/p>\n
Asimismo, enfatiz\u00f3 que la privacidad de las comunicaciones personales constituye una garant\u00eda esencial para la deliberaci\u00f3n libre entre individuos. En ese sentido, consider\u00f3 que el razonamiento adoptado por el tribunal abre una zona problem\u00e1tica respecto al alcance de la privacidad y la libertad de expresi\u00f3n en espacios privados, adem\u00e1s de generar un posible efecto inhibidor en la libre manifestaci\u00f3n de ideas.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n tambi\u00e9n advirti\u00f3 que estos criterios podr\u00edan afectar el trabajo period\u00edstico, el flujo libre de contenidos en internet y las comunicaciones interpersonales, lo que impactar\u00eda directamente en los derechos pol\u00edticos y electorales de la ciudadan\u00eda.<\/p>\n
En este contexto, Art\u00edculo 19 consider\u00f3 necesario establecer est\u00e1ndares claros que permitan proteger simult\u00e1neamente a las mujeres frente a la violencia pol\u00edtica, garantizar la libertad de expresi\u00f3n en el debate p\u00fablico y preservar la privacidad de las comunicaciones.<\/p>\n
Entre sus recomendaciones, la organizaci\u00f3n plante\u00f3 que las decisiones de las autoridades electorales deben adoptarse bajo un marco de respeto a los derechos humanos, aplicando una metodolog\u00eda clara basada en el test tripartito o test de proporcionalidad cuando se tomen medidas que afecten contenidos en internet, la privacidad o la inviolabilidad de comunicaciones.<\/p>\n
Tambi\u00e9n propuso fijar un est\u00e1ndar de escrutinio diferenciado para personas que desempe\u00f1an o buscan desempe\u00f1ar funciones p\u00fablicas, ya que en una democracia el nivel de vigilancia ciudadana sobre quienes aspiran a ejercer poder debe ser mayor que el aplicado a la poblaci\u00f3n en general.<\/p>\n
Finalmente, Art\u00edculo 19 llam\u00f3 a evitar interpretaciones del derecho sancionador electoral que puedan afectar la libertad de expresi\u00f3n o el acceso a la informaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda, al advertir que en una democracia constitucional la protecci\u00f3n de los derechos debe avanzar sin debilitar las libertades que permiten la deliberaci\u00f3n p\u00fablica y el control ciudadano sobre el poder.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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