*<\/p>\n
\/Por Wendy Ray\u00f3n y Lizbeth Ortiz Acevedo.\/<\/em><\/p>\n 03.02.2026 M\u00e9xico.- A finales del 2025 dos casos se sumaron al acervo de sentencias condenatorias que acumula el Estado mexicano ante el Sistema Interamericano que lo se\u00f1alan como responsable de perpetuar la estructura que violenta a mujeres en el pa\u00eds, lo que da un total de 7 casos emblema que marcan precedentes hist\u00f3ricos los cuales permitieron un cambio en el marco jur\u00eddico; institucional, social y pol\u00edtico cruciales para el sistema de protecci\u00f3n, el estado de derecho y la reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas, no obstante, la estructura que violenta a las mujeres persiste.<\/p>\n Estos 7 casos emblem\u00e1ticos que involucran a mujeres y sus familias debieron llegar hasta el Sistema Interamericano para encontrar dignidad y justicia nunca antes alcanzada en las instancias mexicanas y tambi\u00e9n como \u00fanica forma de asegurar que el Estado respondiera ante la comunidad internacional por graves violaciones a derechos humanos de las mujeres.<\/p>\n Se trata de mujeres quienes enfrentaron tipos y modalidades de violencia que hoy est\u00e1n tipificadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGADVLV), no obstante, en algunas de estas sentencias se carec\u00eda de todo marco jur\u00eddico en el pa\u00eds, por lo que sirvieron para proporcionar cambios.<\/p>\n Cabe se\u00f1alar que las v\u00edctimas, sobrevivientes y sus familiares debieron enfrentar un sistema judicial que hoy les ofrece 93.63% de impunidad, esto seg\u00fan datos de M\u00e9xico Eval\u00faa, quien asegura que las fiscal\u00edas estatales solo investigar\u00e1n 7 de cada 100 casos.<\/p>\n Llegar al Sistema Interamericano de justicia es un camino largo porque puede llevar hasta dos d\u00e9cadas. Primero se deben agotar todas las instancias legales en M\u00e9xico y tras a\u00f1os de acudir a denunciar, asistir a audiencias, diligencias, presentar pruebas, testimonios, interponer recursos legales y gastar todos sus ahorros monetarios, f\u00edsicos y emocionales en aras de encontrar justicia y no lograrlo se abre la posibilidad de llegar a esas instancias.<\/p>\n Ninguno de estas estos 7 casos perdi\u00f3 el litigo interamericano de justicia contra el Estado mexicano, todas lograron evidenciar patrones sistem\u00e1ticos de violencia contra las mujeres ya sea por acci\u00f3n como por omisi\u00f3n.<\/p>\n Estas resoluciones han sido posibles gracias a los est\u00e1ndares jur\u00eddicos que el Sistema Interamericano desarroll\u00f3 en materia de violencia de g\u00e9nero a partir de instrumentos clave como la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1 y la Convenci\u00f3n para la Eliminaci\u00f3n de Todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer (CEDAW), los cuales reconocen que la violencia contra las mujeres no es un problema aislado, sino una expresi\u00f3n de la discriminaci\u00f3n estructural que enfrentan.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n La sentencia\u00a0Caso Gonz\u00e1lez y otras,<\/a>\u00a0conocida como \u00abCampo Algodonero vs M\u00e9xico\u00bb, fue emitida contra el Estado mexicano el 16 de noviembre del 2009.<\/p>\n Esta sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) transform\u00f3 la manera en c\u00f3mo el Estado mexicano deb\u00eda responder ante las violencias contra mujeres. Previamente no exist\u00eda ning\u00fan marco jur\u00eddico con perspectiva de derechos humanos de mujeres que evitara la revitimizaci\u00f3n de las violencias machistas.<\/p>\n Pasaron 8 a\u00f1os desde que se interpuso la denuncia para lograr una sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano, la cual fue emitida por la CoIDH en 2009, esto otorg\u00f3 el antecedente m\u00e1s importante para incorporar la perspectiva de g\u00e9nero y tipificar el feminicidio en la legislaci\u00f3n mexicana.<\/p>\n El tribunal exigi\u00f3 a las autoridades mexicanas disculpas para familiares de las v\u00edctimas, su indemnizaci\u00f3n, as\u00ed como la construcci\u00f3n de un\u00a0Memorial<\/em>\u00a0precisamente en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos de las mujeres en 2001.<\/p>\n Hoy es considerada la sentencia emblema en el reconocimiento y erradicaci\u00f3n de las violencias contras las mujeres en M\u00e9xico as\u00ed como en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n El hito que dio lugar a esta sentencia fueron los casos de feminicidio acontecidos en Ciudad Ju\u00e1rez, Chihuahua, en la d\u00e9cada de los 90 durante el siglo XX, pero fueron tres espec\u00edficos los que se presentaron directamente.<\/p>\n El 6 de noviembre de 2001, en un campo algodonero de Ciudad Ju\u00e1rez, Chihuahua, fueron localizadas sin vida ocho mujeres, entre ellas Claudia Ivette Gonz\u00e1lez, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Mon\u00e1rrez. Lo anterior se dio despu\u00e9s de que las autoridades no realizaran labores de b\u00fasqueda tras su desaparici\u00f3n y se dedicaran a revictimizar y violentar a las v\u00edctimas y sus familias.<\/p>\n Tras este hallazgo en el campo algodonero, se convoc\u00f3 para que madres de v\u00edctimas de feminicidio interpusieran una queja conjunta que se presentar\u00eda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.<\/p>\n Cabe se\u00f1alar que las v\u00edctimas fueron una muestra de lo que se viv\u00eda a nivel nacional en esa \u00e9poca quienes en conjunto enfrentaron la violencia del Estado mexicano ante la falta de investigaci\u00f3n en los hechos, adem\u00e1s no se contaba con figuras jur\u00eddicas como el feminicidio y eran las propias madres de las v\u00edctimas quienes emprend\u00edan las b\u00fasquedas.<\/p>\n En noviembre de 2007 procedi\u00f3 la demanda contra M\u00e9xico por este caso. Finalmente la Corte IDH dict\u00f3 el fallo dos a\u00f1os despu\u00e9s: el Estado mexicano fue responsable en la desaparici\u00f3n y muerte de las j\u00f3venes Claudia Ivette Gonz\u00e1lez, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Mon\u00e1rrez.<\/p>\n De esta forma, la Corte IDH estipul\u00f3 en su decisi\u00f3n \u201clos par\u00e1metros para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de g\u00e9nero. Es decir, estableci\u00f3 directrices para identificar cuando estamos frente a casos cuyo m\u00f3vil es la violencia de g\u00e9nero\u201d.<\/p>\n Tambi\u00e9n el Estado mexicano reconoci\u00f3 que se presentaron irregularidades en la investigaci\u00f3n lo que afect\u00f3 la integridad ps\u00edquica y dignidad de los familiares de las v\u00edctimas por lo que la Corte exigi\u00f3 la reparaci\u00f3n las violaciones.<\/p>\n \u00abEstado admiti\u00f3, en t\u00e9rminos generales, los hechos de contexto relativos a la violencia contra las mujeres en Ciudad Ju\u00e1rez\u00bb.<\/p>\n En respuesta a esta condena se reform\u00f3 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se fortaleci\u00f3 al Instituto Nacional de la Mujer (hoy extinto). La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n cre\u00f3 el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de G\u00e9nero. Se tipific\u00f3 la violencia feminicida. Se gener\u00f3 una p\u00e1gina web permanente con informaci\u00f3n del caso. Se indemniz\u00f3 a familiares. Se establecieron manuales y protocolos de actuaci\u00f3n inmediata ante desapariciones, eliminando la pr\u00e1ctica de esperar 72 horas para iniciar la b\u00fasqueda. Se orden\u00f3 y cre\u00f3 el\u00a0Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPDNO), con apartados espec\u00edficos para mujeres y ni\u00f1as. Se construy\u00f3 el \u00abMemorial del Campo Algodonero\u00bb en Ciudad Ju\u00e1rez como un reconocimiento de la responsabilidad estatal y un homenaje a las v\u00edctimas.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n <\/p>\n Las sentencias por la reparaci\u00f3n comunitaria<\/strong><\/em><\/p>\n A continuaci\u00f3n, presentamos los casos de dos mujeres quienes comparten caracter\u00edsticas, ambas sobrevivieron tortura sexual bajo un contexto rural y de militarizaci\u00f3n en su territorio.<\/p>\n En agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) conden\u00f3 al Estado mexicano por dos casos de tortura sexual cometidos por soldados del Ej\u00e9rcito Mexicano contra\u00a0Valentina Rosendo Cant\u00fa<\/strong>\u00a0conocido como\u00a0Caso Rosendo Cant\u00fa y otra vs M\u00e9xico<\/a>, emitida el 31 de agosto de 2010; e\u00a0In\u00e9s Fern\u00e1ndez Ortega<\/strong>, conocido como\u00a0Caso Fern\u00e1ndez Ortega y otros vs M\u00e9xico<\/a>\u00a0el 30 de agosto del 2010<\/p>\n Aunque los hechos ocurrieron con d\u00edas de diferencia, ambas mujeres ind\u00edgenas\u00a0me\u00b4phaa<\/em>\u00a0de Guerrero fueron sometidas a tortura sexual bajo el mismo patr\u00f3n de violencia, impunidad y discriminaci\u00f3n.<\/p>\n Sus sentencias marcaron un precedente hist\u00f3rico porque el fallo contra el Estado mexicano, permiti\u00f3 que por primera vez se ordenaran medidas de reparaci\u00f3n comunitarias dirigidas a todas las mujeres de la regi\u00f3n.<\/p>\n Valentina de 17 a\u00f1os residente de Barranca Bejuco e In\u00e9s de 25 a\u00f1os habitante de Barranca Tecoani, compart\u00edan condiciones de vida, ambas mujeres eran j\u00f3venes, ind\u00edgenas y habitaban comunidades rurales de alta marginaci\u00f3n en la Monta\u00f1a de Guerrero. Viv\u00edan en un contexto de pobreza estructural.<\/p>\n En ambos casos el actuar de los militares sigui\u00f3 el mismo patr\u00f3n. Llegaron armados para irrumpir en sus espacios cotidianos y someterlas a interrogatorios intimidantes bajo supuestos de seguridad. Las acusaron sin pruebas y las presionaron para obtener informaci\u00f3n bajo tortura con violencia sexual.<\/p>\n Para recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica tras las agresiones, tanto Valentina como In\u00e9s fueron trasladadas en un viaje de horas para llegar al Hospital General de Ayutla de los Libres. Presentaron lesiones f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas que las obligaron a permanecer aisladas o huir de sus localidades por el escrutinio comunitario.<\/p>\n Adem\u00e1s, cuando decidieron denunciar ante el Ministerio P\u00fablico del Distrito Judicial en Ayutla de los Libres, sus casos fueron turnados a la justicia militar, una pr\u00e1ctica donde los responsables casi siempre quedan en impunidad.<\/p>\n Los casos de Valentina e In\u00e9s ocurrieron en 2002 y no fueron hechos aislados. De acuerdo con el informe de fondo emitido por la CoIDH; estas mujeres ind\u00edgenas enfrentaban cuatro niveles de discriminaci\u00f3n: por su sexo, origen \u00e9tnico, pobreza y su origen rural.<\/p>\n Durante los hechos, las entidades de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, eran de las regiones en el pa\u00eds donde hab\u00eda mayor presencia militar, incluso antes de la \u00abguerra contra el narcotr\u00e1fico\u00bb.<\/p>\n Tras el levantamiento del Ej\u00e9rcito Zapatista de Liberaci\u00f3n Nacional en 1994, el Estado reforz\u00f3 su estrategia de contrainsurgencia ind\u00edgena en estas zonas, lo que deriv\u00f3 en una ocupaci\u00f3n prolongada de las Fuerzas Armadas.<\/p>\n Esta pol\u00edtica militarizada de su territorio se tradujo a m\u00faltiples violaciones a derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, irrupciones en viviendas y destrucci\u00f3n de bienes, especialmente en regiones ind\u00edgenas como la Monta\u00f1a de Guerrero y la Costa Chica.<\/p>\n Tras agotar las instancias nacionales sin obtener justicia, los casos de Valentina e In\u00e9s fueron llevados al Sistema Interamericano con el acompa\u00f1amiento de organizaciones como Tlachinollan, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Organizaci\u00f3n del Pueblo Ind\u00edgena Tlapaneco\/Me\u2019phaa.<\/p>\n Tras a\u00f1os de investigaci\u00f3n, en 2010 la CoIDH concluy\u00f3 que se cometieron violaciones a sus derechos al considerar la violencia sexual como una forma de tortura.<\/p>\n Entre las medidas comunitarias se orden\u00f3 adoptar reformas legislativas para compatibilizar el art\u00edculo 57\u00b0 del C\u00f3digo de Justicia Militar con los est\u00e1ndares internacionales en la materia y la Convenci\u00f3n Americana, el cual se reform\u00f3 hasta el 2014.<\/p>\n Asimismo, se indic\u00f3 que el Estado debe brindar servicios de tratamiento a mujeres v\u00edctimas de violencia sexual por medio del Centro Comunitario G\u00fawa K\u00fama el cual debe ser fortalecido a trav\u00e9s de la provisi\u00f3n de recursos materiales y personales; as\u00ed como crear campa\u00f1as de concientizaci\u00f3n y sensibilizaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n en general.<\/p>\n Sin embargo, a 15 a\u00f1os de la sentencia surge una pregunta central: \u00bfhasta qu\u00e9 punto el Estado mexicano cumpli\u00f3 de manera efectiva con las medidas de reparaci\u00f3n? Para Saulo Loya, coordinador de Incidencia de Tlachinollan, el fallo no solo signific\u00f3 el reconocimiento p\u00fablico de lo ocurrido a Valentina e In\u00e9s, sino tambi\u00e9n tuvo un impacto comunitario al intentar atender las condiciones estructurales de violencia que enfrentan las mujeres en la regi\u00f3n.<\/p>\n Como resultado naci\u00f3 el Centro Comunitario G\u00fawa K\u00fama en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres siendo una zona estrat\u00e9gica para su acceso. Aunque es considerado un proyecto novedoso y alternativo ante las fallas del Estado por su modelo integral que articula el saber comunitario con el acompa\u00f1amiento profesional en casos de violencia; Saulo denunci\u00f3 que enfrenta problemas de sostenibilidad. Adem\u00e1s, la presencia militar como pol\u00edtica del Estado contin\u00faa reproduciendo violencia contra las mujeres ind\u00edgenas.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n La sentencia que pidi\u00f3 investigar toda la cadena de mando policial<\/strong><\/em><\/p>\n La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emiti\u00f3 el 28 de noviembre de 2018 la sentencia\u00a0\u201cCaso Mujeres V\u00edctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. M\u00e9xico\u201d\u00a0<\/a>contra el Estado mexicano.<\/p>\n En este fallo se determin\u00f3 que el Estado mexicano hab\u00eda cometido violencia f\u00edsica y psicol\u00f3gica, incluyendo violencia sexual, por agentes estatales contra de 11 mujeres durante las detenciones y traslados realizados en operativos polic\u00edacos en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los d\u00edas 3 y 4 de mayo de 2006.<\/p>\n Mariana Selvas G\u00f3mez, Georgina Edith Rosales Gutierrez, Mar\u00eda Patricia Romero Hern\u00e1ndez, Norma Aid\u00e9 Jim\u00e9nez Osorio, Claudia Hern\u00e1ndez Mart\u00ednez, B\u00e1rbara Italia M\u00e9ndez Moreno, Ana Mar\u00eda Velasco Rodr\u00edguez, Yolanda Mu\u00f1oz Diosdada, Mar\u00eda Cristina S\u00e1nchez Hern\u00e1ndez, Ang\u00e9lica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo fueron las 11 mujeres v\u00edctimas de tortura sexual.<\/p>\n El fallo de la Corte estableci\u00f3 que los abusos formaron parte de una estrategia de represi\u00f3n estatal. Por primera vez, la instancia orden\u00f3 investigar a todas las personas responsables en el caso, principalmente a la cadena de mando.<\/p>\nCampo Algodonero
\n2009<\/h2>\nLa madre de las sentencias<\/em><\/h2>\n
Valentina Rosendo Cant\u00fa<\/strong>
\ne<\/strong>
\nIn\u00e9s Fern\u00e1ndez Ortega<\/strong>
\n2010<\/h2>\nAtenco<\/strong>
\n2018<\/h2>\n