*Familiares y abogados denuncian penalmente a integrantes del gabinete de seguridad por el traslado de los delincuentes. <\/p>\n
29.01.2026;Ciudad de M\u00e9xico.- El 26 de enero de 2026, familiares y abogados de cuatro de los 37 l\u00edderes criminales entregados por el gobierno mexicano a Estados Unidos el pasado 20 de enero presentaron una denuncia penal ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)<\/p>\n
La acci\u00f3n legal se dirigi\u00f3 contra integrantes del gabinete de seguridad, a quienes acusan de traici\u00f3n a la patria y coalici\u00f3n de servidores p\u00fablicos por haber ejecutado el traslado sin cumplir, seg\u00fan los denunciantes, con los procedimientos judiciales de extradici\u00f3n establecidos en la legislaci\u00f3n mexicana. <\/p>\n
Los abogados defensores sostienen que el operativo constituy\u00f3 una expulsi\u00f3n masiva disfrazada de cooperaci\u00f3n internacional, vulnerando el derecho al debido proceso y dejando inconclusos juicios en curso en tribunales nacionales. <\/p>\n
La denuncia menciona directamente a Omar Garc\u00eda Harfuch, secretario de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana; Rosa Icela Rodr\u00edguez, secretaria de Gobernaci\u00f3n; y Ricardo Trevilla, titular de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional, como responsables de haber autorizado y coordinado la entrega de los reos. <\/p>\n
Los familiares de los acusados calificaron la medida como un \u201cdestierro\u201d y se\u00f1alaron que se trat\u00f3 de una decisi\u00f3n pol\u00edtica que cedi\u00f3 jurisdicci\u00f3n mexicana a un gobierno extranjero. <\/p>\n
El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, defendi\u00f3 la operaci\u00f3n como parte de una estrategia de cooperaci\u00f3n bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad.<\/p>\n
Seg\u00fan la versi\u00f3n oficial, la entrega de los 37 presuntos l\u00edderes criminales respondi\u00f3 a razones de seguridad nacional y a la necesidad de debilitar las estructuras del crimen organizado transnacional. <\/p>\n
La administraci\u00f3n federal subray\u00f3 que se trat\u00f3 de un acuerdo directo con autoridades estadounidenses para garantizar que los acusados enfrenten procesos judiciales en cortes de aquel pa\u00eds, donde se les imputan delitos de narcotr\u00e1fico, lavado de dinero y conspiraci\u00f3n criminal. <\/p>\n
Los antecedentes de este caso se remontan a febrero de 2025, cuando el gobierno mexicano inici\u00f3 una serie de traslados de alto perfil hacia Estados Unidos. En esa primera operaci\u00f3n fueron entregados 29 individuos, entre ellos Rafael Caro Quintero y Miguel \u00c1ngel F\u00e9lix Gallardo, hist\u00f3ricos l\u00edderes del narcotr\u00e1fico. <\/p>\n
Posteriormente, se realizaron nuevas entregas que sumaron un total de 92 personas trasladadas en tres operativos distintos. El m\u00e1s reciente, el 20 de enero de 2026, incluy\u00f3 a 37 presuntos integrantes de organizaciones como el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n y c\u00e9lulas vinculadas al tr\u00e1fico internacional de drogas. <\/p>\n
La denuncia presentada ante la FGR abre un debate sobre los l\u00edmites de la cooperaci\u00f3n bilateral en seguridad y el respeto a la soberan\u00eda nacional. Los abogados defensores argumentan que la Constituci\u00f3n mexicana establece procedimientos claros para la extradici\u00f3n, los cuales incluyen la intervenci\u00f3n del Poder Judicial y la posibilidad de que los acusados interpongan recursos legales.<\/p>\n
En este caso, sostienen, se omitieron esas garant\u00edas y se actu\u00f3 de manera unilateral, lo que constituye, a su juicio, una violaci\u00f3n grave al orden constitucional. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda deber\u00e1 determinar si procede la investigaci\u00f3n contra los funcionarios se\u00f1alados. De hacerlo, se abrir\u00eda un proceso in\u00e9dito en el que altos miembros del gabinete de seguridad ser\u00edan llamados a responder por decisiones tomadas en el marco de la cooperaci\u00f3n internacional. <\/p>\n
El caso tambi\u00e9n podr\u00eda tener repercusiones en la relaci\u00f3n bilateral con Estados Unidos, ya que cuestiona la legalidad de los acuerdos que sustentan la entrega de reos y pone en entredicho la legitimidad de las operaciones conjuntas contra el crimen organizado. <\/p>\n
Los familiares de los acusados han anunciado que continuar\u00e1n con movilizaciones y acciones legales para exigir que los procesos judiciales se lleven a cabo en M\u00e9xico. <\/p>\n
Afirman que la entrega de los reos no solo vulnera derechos individuales, sino que tambi\u00e9n sienta un precedente peligroso para la soberan\u00eda nacional. <\/p>\n
En tanto, el gobierno federal mantiene su postura de que las operaciones de traslado son necesarias para reducir la violencia y garantizar que los l\u00edderes criminales enfrenten justicia en un sistema judicial capaz de procesarlos con mayor eficacia. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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