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\/Ana Mar\u00eda Salazar \/<\/p>\n
Desde hace d\u00e9cadas, las reformas a la justicia penal en Latinoam\u00e9rica han tenido como objetivo reducir la impunidad, proteger la integridad f\u00edsica de la poblaci\u00f3n y, al mismo tiempo, garantizar los derechos e impartir justicia. Quienes hemos participado en estas reformas hemos observado c\u00f3mo el debate siempre giraba alrededor de la importancia de asegurar recursos, capacitaci\u00f3n y, sobre todo, la selecci\u00f3n de profesionistas capaces y no corruptos. El \u00e9xito democr\u00e1tico de estas reformas depend\u00eda, en gran medida, de garantizar la independencia judicial y del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n
En este \u00faltimo rubro sabemos que M\u00e9xico ha fracasado: la elecci\u00f3n de jueces y el proceso de selecci\u00f3n del fiscal general de la Rep\u00fablica no han garantizado esa anhelada independencia. Pero, a diferencia de lo se\u00f1alado por muchos analistas, el reto m\u00e1s dif\u00edcil que enfrentar\u00e1 la nueva fiscal, Ernestina Godoy, no tiene nada que ver con la \u201cindependencia\u201d de la Fiscal\u00eda frente a la Presidencia. En la entrega de la semana pasada coment\u00e9 que la independencia del Ministerio P\u00fablico es una leyenda jur\u00eddica. En papel se ve muy bonito; en la realidad depende de la voluntad del Ejecutivo.<\/p>\n
Sin importar lo que dice la Constituci\u00f3n, la experiencia y la historia nos se\u00f1alan que esta \u201cindependencia\u201d la define el presidente y, hasta cierto punto, una rama judicial que logre mantener autonom\u00eda. Voy a ser m\u00e1s clara: la independencia del Ministerio P\u00fablico depende de la voluntad pol\u00edtica del Ejecutivo y de los costos pol\u00edticos, nacionales e internacionales, de no permitir que la Fiscal\u00eda ejerza sus funciones de manera independiente, con base en el Estado de derecho y el respeto a la Constituci\u00f3n. Tambi\u00e9n depende de que las ramas judicial y legislativa tengan independencia frente al Ejecutivo.<\/p>\n
Algo que no sucede en M\u00e9xico.<\/p>\n
Un pa\u00eds donde la Fiscal\u00eda ha podido enjuiciar presidentes, ministros, legisladores y funcionarios del m\u00e1s alto nivel es Colombia. La comparaci\u00f3n entre Gustavo de Greiff, el primer fiscal general en Colombia, y Alejandro Gertz Manero, primer fiscal en M\u00e9xico, revela c\u00f3mo esta figura se ha convertido en un terreno de disputa entre la independencia institucional, el control pol\u00edtico y la eficacia de las instituciones para enfrentar organizaciones altamente violentas. De Greiff, primer fiscal general colombiano tras la Constituci\u00f3n de 1991 encarn\u00f3 un intento genuino de autonom\u00eda: defendi\u00f3 posturas propias y pol\u00e9micas, como la necesidad de replantear la pol\u00edtica antidrogas, incluso frente a la presi\u00f3n de Estados Unidos. Esto lo convirti\u00f3 en s\u00edmbolo de un poder judicial que buscaba emanciparse del Ejecutivo, pero que enfrentaba choques constantes y dificultades de coordinaci\u00f3n en pol\u00edticas de seguridad y justicia. Tambi\u00e9n hubo cuestionamientos sobre su capacidad de gesti\u00f3n y sobre c\u00f3mo implementar una instituci\u00f3n poderosa sin suficientes contrapesos pol\u00edticos, lo que pod\u00eda derivar en decisiones sin responsabilidad frente a la ciudadan\u00eda. No hay que subestimar las presiones internacionales: al igual que M\u00e9xico, en Colombia la relaci\u00f3n con Estados Unidos estaba centrada en temas de seguridad. Adem\u00e1s, hubo acusaciones de negociaciones con individuos y c\u00e1rteles de drogas, ya fuera por corrupci\u00f3n o convencimiento, que contraven\u00edan los intereses del Estado colombiano.<\/p>\n
Fue el siguiente fiscal de la Naci\u00f3n, Alfonso Valdivieso, quien impuls\u00f3 las investigaciones del *Proceso 8.000*, que buscaban esclarecer la entrada de dineros del cartel de Cali en la campa\u00f1a presidencial de Ernesto Samper. Estas investigaciones incluyeron el enjuiciamiento y condena del ministro de Defensa civil, Fernando Botero Zea, por enriquecimiento il\u00edcito y peculado. Valdivieso se convirti\u00f3 en s\u00edmbolo de independencia judicial, apoyado en parte por el gobierno de Estados Unidos. A\u00f1os despu\u00e9s, la Constituci\u00f3n se modific\u00f3 de nuevo: se ajust\u00f3 el esquema de autogobierno judicial y la relaci\u00f3n entre Fiscal\u00eda y Ejecutivo. El nombramiento del fiscal pas\u00f3 a realizarse mediante una terna presentada por el presidente y la elecci\u00f3n por parte del Senado, lo que lo vinculaba m\u00e1s directamente con la pol\u00edtica nacional. Con ello se buscaba reforzar la coordinaci\u00f3n institucional, evitar que la Fiscal\u00eda se convirtiera en un \u201cpoder paralelo\u201d y mantener un grado de control pol\u00edtico sobre un \u00f3rgano con enorme capacidad de influencia.<\/p>\n
Aun as\u00ed, la Fiscal\u00eda mantuvo su independencia, pues investig\u00f3 a m\u00e1s de 130 congresistas y excongresistas colombianos por sus v\u00ednculos con grupos paramilitares. De ellos, alrededor de 44 legisladores en ejercicio (2006\u20132010) fueron detenidos o procesados, y cerca de 60 terminaron condenados por la Corte Suprema de Justicia por delitos como concierto para delinquir y v\u00ednculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Y, por supuesto, est\u00e1 la investigaci\u00f3n y condena del expresidente \u00c1lvaro Uribe, caso que contin\u00faa en procesos de apelaci\u00f3n.<\/p>\n
Esto ser\u00eda inimaginable en la procuradur\u00eda y fiscal\u00eda mexicanas.<\/p>\n
En la pr\u00f3xima entrega hablaremos de las lecciones aprendidas en Colombia y Estados Unidos, especialmente en el \u201cMundo seg\u00fan Trump.\u201d<\/p>\n
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