* Gestionan una iniciativa que busca nombre y justicia. Exhiben caso cero en la entidad.<\/p>\n
\/ Dar\u00edo Pale y Redacci\u00f3n \/<\/p>\n
24.09.2025. Xalapa, Ver.- El caso de Myrna, una adulta mayor de 68 a\u00f1os residente en Veracruz, se ha convertido en el caso “cero”, en s\u00edmbolo de una lucha jur\u00eddica y social que busca frenar el embargo de pensiones otorgadas por programas federales, entre otras acciones contra personas adultas mayores, en lo que consideran es la Judicializaci\u00f3n de la pobreza de este sector.<\/p>\n
Desde febrero pasado, su historia \u2014marcada por la retenci\u00f3n judicial de su Pensi\u00f3n del Bienestar tras una demanda promovida por una Sociedad Financiera de Objeto M\u00faltiple (SOFOM)\u2014 ha sido el eje de una campa\u00f1a impulsada por El Barz\u00f3n para exigir una reforma constitucional que garantice la inembargabilidad de los apoyos sociales.<\/p>\n
Teresa Carbajal, representante de El Barz\u00f3n en Xalapa, denunci\u00f3 que el caso de Myrna no es aislado, sino el \u201ccaso cero\u201d de una pr\u00e1ctica que se extiende silenciosamente: el uso de demandas ama\u00f1adas por financieras para apropiarse de los ingresos de adultos mayores, muchos de ellos en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. \u201cLo que enfrentamos es el secuestro institucionalizado de los programas sociales por parte de intereses privados\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n propone que la reforma constitucional sea conocida como \u201cLey Myrna\u201d<\/strong>, en reconocimiento a la mujer que abri\u00f3 el camino jur\u00eddico para visibilizar esta problem\u00e1tica.<\/p>\n Desde hace siete meses, han sostenido reuniones con el Senado de la Rep\u00fablica, el Congreso de Veracruz y la Delegaci\u00f3n Estatal de Programas del Bienestar, sin que hasta ahora se haya concretado una propuesta legislativa.<\/p>\n El Barz\u00f3n exige que se modifique el art\u00edculo 4\u00ba de la Constituci\u00f3n para incluir un p\u00e1rrafo que declare expresamente la inembargabilidad de los apoyos sociales, como medida de protecci\u00f3n frente a abusos judiciales y financieros.<\/p>\n \u201cSolo as\u00ed tendremos garant\u00edas de que los grupos m\u00e1s desprotegidos tengan acceso a una vida digna y a un efectivo bienestar\u201d, afirm\u00f3 Carbajal.<\/p>\n El proceso legal de Myrna contin\u00faa en tribunales, actualmente en fase de excepciones procesales. El pasado 26 de junio, se logr\u00f3 cancelar el embargo precautorio sobre sus pensiones, pero la orden de inmovilizaci\u00f3n sobre otras cuentas bancarias sigue vigente.<\/p>\n \u201cLa resoluci\u00f3n no es definitiva, y el caso sigue abierto\u201d, advirti\u00f3 Carbajal, quien tambi\u00e9n hizo un exhorto p\u00fablico a los jueces para que act\u00faen con perspectiva de g\u00e9nero y consideren la edad avanzada de la afectada.<\/p>\n La activista denunci\u00f3 el desinter\u00e9s de legisladores y autoridades que \u201ccobran por hacer leyes que protejan al pueblo, pero no han movido un dedo\u201d, reclaman.<\/p>\n En su intervenci\u00f3n, subray\u00f3 que el 100% de la pensi\u00f3n de Myrna fue retenido, lo que representa una violaci\u00f3n directa al principio de m\u00ednimo vital y a los derechos adquiridos por adultos mayores.<\/p>\n En Veracruz, m\u00e1s de 900 mil personas reciben apoyos del Programa Pensi\u00f3n para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Sin embargo, la falta de blindaje legal ha permitido que financieras y despachos jur\u00eddicos promuevan embargos sobre estos recursos, aprovechando vac\u00edos normativos y la escasa defensa institucional.<\/p>\n El caso de Myrna expone c\u00f3mo la judicializaci\u00f3n de la pobreza se convierte en una herramienta de despojo, especialmente en territorios donde el acceso a la justicia es desigual y la protecci\u00f3n social es fr\u00e1gil.<\/p>\n Derechos sociales en M\u00e9xico: entre el constitucionalismo hist\u00f3rico y las omisiones contempor\u00e1neas<\/p>\n Desde la promulgaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n de 1917, M\u00e9xico se posicion\u00f3 como pionero en el reconocimiento de derechos sociales en Am\u00e9rica Latina. El art\u00edculo 123 consagr\u00f3 garant\u00edas laborales, mientras que el art\u00edculo 4\u00ba \u2014reformado en diversas ocasiones\u2014 ha sido el eje para el reconocimiento del derecho a la salud, la alimentaci\u00f3n, la vivienda y, m\u00e1s recientemente, el bienestar.<\/p>\n Sin embargo, como se\u00f1ala el investigador Juan Antonio Cruz Parcero, estos derechos fueron durante d\u00e9cadas considerados \u201cno justiciables\u201d, es decir, no exigibles ante tribunales. Esta visi\u00f3n debilit\u00f3 su aplicaci\u00f3n efectiva y permiti\u00f3 que pol\u00edticas neoliberales de las \u00faltimas d\u00e9cadas redujeran el gasto social y privatizaran servicios esenciales, como pensiones y salud.<\/p>\n Pensiones: avances fragmentados y vulnerabilidades estructurales<\/p>\n La historia de las pensiones en M\u00e9xico ha sido marcada por avances desiguales. Desde los esquemas colectivos pactados en los a\u00f1os 40 \u2014como el de Pemex\u2014 hasta la creaci\u00f3n del IMSS en 1943 y el ISSSTE en los a\u00f1os 50, se construy\u00f3 un sistema de previsi\u00f3n social que, si bien ampli\u00f3 la cobertura, lo hizo de forma fragmentada y excluyente.<\/p>\n En a\u00f1os recientes, los programas como la Pensi\u00f3n para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores han buscado universalizar el acceso, pero sin un blindaje constitucional que impida su embargo por v\u00eda judicial. Casos como el de Myrna, en Veracruz, evidencian c\u00f3mo financieras privadas y despachos jur\u00eddicos aprovechan vac\u00edos legales para apropiarse de estos apoyos mediante demandas simuladas.<\/p>\n Casos similares: judicializaci\u00f3n de la pobreza<\/p>\n En estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, organizaciones como El Barz\u00f3n y colectivos de defensa del consumidor han documentado casos similares, donde adultos mayores han perdido el acceso a sus pensiones por embargos derivados de cr\u00e9ditos abusivos. En muchos de estos casos, los jueces no aplican perspectiva de g\u00e9nero ni criterios de vulnerabilidad, perpetuando el despojo institucional.<\/p>\n *La urgencia de una reforma constitucional<\/p>\n La propuesta de \u201cLey Myrna\u201d busca modificar el art\u00edculo 4\u00ba para declarar expl\u00edcitamente la inembargabilidad de los apoyos sociales. Esta reforma no solo blindar\u00eda jur\u00eddicamente las pensiones del Bienestar, sino que establecer\u00eda un precedente para proteger otros programas sociales frente a pr\u00e1cticas financieras coercitivas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" * Gestionan una iniciativa que busca nombre y justicia. Exhiben caso cero en la entidad. \/ Dar\u00edo Pale y Redacci\u00f3n \/ 24.09.2025. 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