* Columna Invitada .<\/p>\n
\/ Por Fabiola Torres \/<\/p>\n
elia Ramos viv\u00eda en un caser\u00edo de Piura, era madre de tres ni\u00f1as y muri\u00f3 en 1997 tras ser esterilizada sin su consentimiento en una posta de salud. Casi tres d\u00e9cadas despu\u00e9s, su historia lleg\u00f3 por fin a una corte internacional. El 22 de mayo de 2025, su hija Marisela Monz\u00f3n Ramos declar\u00f3 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue un momento hist\u00f3rico: por primera vez, el Estado peruano tuvo que responder ante un tribunal internacional por la pol\u00edtica de esterilizaciones forzadas que afect\u00f3 a m\u00e1s de 300 mil personas, en su mayor\u00eda mujeres ind\u00edgenas, empobrecidas y de zonas rurales, durante el r\u00e9gimen de Alberto Fujimori.<\/p>\n
Conoc\u00ed este caso cuando reci\u00e9n empezaba como periodista. Y desde entonces, he visto c\u00f3mo se archivaban expedientes y se silenciaban voces. C\u00f3mo la justicia peruana le daba la espalda a mujeres que nunca debieron ser abandonadas por el Estado.<\/p>\n
Celia ten\u00eda 34 a\u00f1os. Personal de salud del caser\u00edo La Posta fue a buscarla m\u00e1s de una vez. Le insistieron en que se sometiera a una ligadura de trompas. Le dijeron que era algo r\u00e1pido, \u201ccomo sacarse una muela\u201d. El d\u00eda de la operaci\u00f3n no volvi\u00f3. Fue llevada de emergencia a una cl\u00ednica, donde pas\u00f3 19 d\u00edas en cuidados intensivos hasta que falleci\u00f3. Nunca le explicaron los riesgos del procedimiento. Nunca hubo un consentimiento informado. Su familia jam\u00e1s recibi\u00f3 una respuesta clara. Ni justicia. Ni atenci\u00f3n psicol\u00f3gica. Ni una disculpa oficial.<\/p>\n
El esposo de Celia denunci\u00f3 el caso ese mismo a\u00f1o, pero fue archivado por la Fiscal\u00eda. En 2010, la organizaci\u00f3n DEMUS lo llev\u00f3 ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos, la familia enfrenta al Estado en la Corte IDH.<\/p>\n
Durante la audiencia, el Estado present\u00f3 por primera vez un supuesto consentimiento firmado por Celia, cuya existencia hab\u00eda negado por a\u00f1os. Pero el documento no ten\u00eda firma del jefe del puesto de salud, ni sello del Ministerio de Salud, ni explicaba con claridad el procedimiento ni sus riesgos. Los jueces de la Corte lo se\u00f1alaron con escepticismo. Fue un intento tard\u00edo por justificar lo que no tiene justificaci\u00f3n.<\/p>\n
La perita Kimberly Theidon, antrop\u00f3loga m\u00e9dica, explic\u00f3 con contundencia c\u00f3mo funcion\u00f3 esta pol\u00edtica: se impusieron cuotas, se ofrecieron bonificaciones por cada mujer esterilizada, se amenaz\u00f3 con despidos, se condicionaron otros servicios de salud al consentimiento para operarse. En muchos casos, incluso participaron miembros de las Fuerzas Armadas. No fue una pol\u00edtica de salud p\u00fablica basada en decisiones libres, sino una intervenci\u00f3n masiva y coercitiva sobre los cuerpos de mujeres empobrecidas, consideradas por el Estado como incapaces de decidir.<\/p>\n
En Piura, donde viv\u00eda Celia, 97 m\u00e9dicos denunciaron en 1997 la presi\u00f3n del Ministerio de Salud para realizar 250 ligaduras en cuatro d\u00edas con un solo quir\u00f3fano. Se negaron. Dijeron que era imposible cumplir con esa meta sin atentar contra la \u00e9tica m\u00e9dica y la dignidad de las pacientes.<\/p>\n
Mientras tanto, siguen apareciendo intentos por negar lo ocurrido. El libro La verdad de una mentira, de Mar\u00eda Cecilia Villegas, dice que no hubo crimen. No recoge testimonios de las afectadas. Ignora m\u00e1s de 2 mil denuncias, m\u00e1s de 5 mil testimonios y m\u00e1s de 10 mil declaraciones recogidas por los ministerios de Justicia y Salud, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Comisi\u00f3n de la Verdad y por periodistas que llevaron d\u00e9cadas documentando estas historias. Decir que fueron \u201ccasos aislados\u201d es falso y una ofensa para las v\u00edctimas.<\/p>\n
Reconocer lo que pas\u00f3 no deber\u00eda ser una disputa ideol\u00f3gica. Es un deber frente a los hechos. Y sobre todo, frente a las miles de mujeres que a\u00fan esperan verdad, justicia y reparaci\u00f3n.<\/p>\n
Este juicio internacional ocurre, adem\u00e1s, en un contexto profundamente preocupante: el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso han aprobado una ley que impide que organizaciones de derechos humanos como DEMUS representen legalmente a v\u00edctimas en denuncias contra el Estado. Una medida que busca silenciar a quienes acompa\u00f1an estos casos. Mientras por un lado el Estado se sienta en el banquillo, por el otro intenta cerrar las puertas a la justicia.<\/p>\n
El caso de Celia no es solo el de una mujer que fue esterilizada sin su consentimiento y muri\u00f3 por las consecuencias de ese acto. Es el de una familia que no dej\u00f3 de buscar justicia, el de una comunidad que se resiste al olvido, y el de un pa\u00eds que a\u00fan no ha saldado su deuda con miles de mujeres a las que se les vulneraron sus derechos m\u00e1s b\u00e1sicos.<\/p>\n
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Fuente : saludconlupa.com\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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