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12.07.2025 Ciudad de M\u00e9xico.- La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) orden\u00f3 a Layda Sansores,\u00a0 la gobernadora de Campeche, eliminar los presuntos audios de Alejandro Moreno, dirigente del PRI y Ricardo Monreal, diputado Presidente de la Jucopo en la C\u00e1mara de Diputados.<\/p>\n
Los audios fueron divulgados por la mandataria Layda Sansores el pasado 25 de octubre de 2022 en uno de sus shows denominados \u201cMartes del Jaguar\u201d y en redes sociales por lo que ministras y ministros por unanimidad ordenaron la remoci\u00f3n de contenido \u201cposiblemente obtenido de manera il\u00edcita\u201d por parte de la hoy militante de Morena. <\/p>\n
En los audios supuestamente conversaban el entonces senador morenista Ricardo Monreal, con \u201cAlito\u201d sobre una investigaci\u00f3n en contra del priista por parte de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) por enriquecimiento il\u00edcito, donde seg\u00fan la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN), y por lo que le otorg\u00f3 un amparo al morenista Ricardo Monreal en contra de la gobernadora de Campeche, \u201cdifundi\u00f3 datos posiblemente obtenidos de forma il\u00edcita, descontextualizados y contrarios al deber de objetividad\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan declar\u00f3 la gobernadora Layda Sansores el audio le fue entregado de manera an\u00f3nima y no dudo en hacerlo p\u00fablico vulnerando los derechos de Ricardo Monreal.<\/p>\n
El hoy diputado morenista en 2022 present\u00f3 una denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) por intervenci\u00f3n ilegal de comunicaciones privadas. Tramit\u00f3 un amparo, mismo que le fue otorgado por la Primera Sala de la SCJN, quienes indicaron que lo filtrado por Layda Sansores viol\u00f3 su derecho a la privacidad y al honor.<\/p>\n
En el proyecto presentado por la ministra Margarita R\u00edos Farjat, se refiere que las expresiones de Layda Sansores fueron realizadas en su calidad de funcionaria p\u00fablica, argumentando que la mandataria de Campeche se identific\u00f3 con el cargo que ocupa al emitir la declaraci\u00f3n ademas de la utilizaci\u00f3n de recursos p\u00fablicos.<\/p>\n
Emple\u00f3 canales oficiales de comunicaci\u00f3n del Estado y las redes sociales institucionales de la Unidad de Comunicaci\u00f3n Social, sus propias cuentas y los logos oficiales del gobierno estatal.<\/p>\n
COMUNICADO DE SCJN<\/p>\n
LA PRIMERA SALA DEFINE LA METODOLOG\u00cdA PARA RESOLVER CONFLICTOS DE LIBERTAD DE EXPRESI\u00d3N ENTRE PERSONAS SERVIDORAS P\u00daBLICAS<\/p>\n
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n conoci\u00f3 de un caso en el que, durante un programa de televisi\u00f3n producido con recursos p\u00fablicos, una Gobernadora hizo declaraciones sobre un Senador de la Rep\u00fablica y difundi\u00f3 una supuesta conversaci\u00f3n con un dirigente partidista, insinuando que ambos manipulaban el sistema de impartici\u00f3n de justicia.<\/p>\n
Ante esos hechos, el Senador promovi\u00f3 un juicio de amparo indirecto, el cual le fue concedido por el Juzgado de Distrito, al considerar que la Gobernadora difundi\u00f3 informaci\u00f3n que no era objetiva ni imparcial, sin tener facultades legales y vulnerando los derechos del legislador. As\u00ed, orden\u00f3 a la Gobernadora que se abstuviera de continuar realizando expresiones similares o difundiendo comunicaciones obtenidas sin autorizaci\u00f3n. En desacuerdo, la Gobernadora interpuso un recurso de revisi\u00f3n, alegando que no se aplic\u00f3 correctamente el est\u00e1ndar de veracidad fijado por la Suprema Corte, pues ella no actu\u00f3 con real malicia. A petici\u00f3n del Tribunal Colegiado, el alto tribunal atrajo el asunto para su resoluci\u00f3n.<\/p>\n
En su fallo, la Primera Sala reflexion\u00f3 que la doctrina sobre el sistema dual de protecci\u00f3n de la libertad de expresi\u00f3n y la real malicia no es aplicable en este caso, pues \u00e9sta se construy\u00f3 para la revisi\u00f3n de expresiones realizadas por personas periodistas o medios de comunicaci\u00f3n en relaci\u00f3n con personas p\u00fablicas o con proyecci\u00f3n p\u00fablica. Sin embargo, este es un conflicto de libertad de expresi\u00f3n entre personas funcionarias, fuera de un contexto de deliberaci\u00f3n pol\u00edtica. Por tanto, deben tomarse en cuenta otros factores, ya que las personas funcionarias tienen un deber reforzado de debida diligencia y de cuidado, m\u00e1s a\u00fan trat\u00e1ndose de altos mandos.<\/p>\n
En este sentido, el m\u00e1ximo tribunal resolvi\u00f3 que para establecer si las expresiones de una persona funcionaria merecen protecci\u00f3n constitucional, primero debe confirmarse si actu\u00f3 en su faceta de funcionaria y, de ser as\u00ed, debe verificarse: a) si la expresi\u00f3n o informaci\u00f3n es de inter\u00e9s p\u00fablico, b) el contexto en que se difundi\u00f3 y la posici\u00f3n de quien dice haber sido afectado, c) si la autoridad emisora verific\u00f3 razonablemente los hechos que fundamentan sus pronunciamientos, y d) que las expresiones o informaci\u00f3n no vulneren derechos fundamentales.<\/p>\n
De esta manera, al aplicar el est\u00e1ndar referido al caso, la Sala concluy\u00f3 que la informaci\u00f3n y opiniones difundidas por la Gobernadora no est\u00e1n protegidas por la libertad de expresi\u00f3n, pues aun cuando eran de inter\u00e9s p\u00fablico, no verific\u00f3 razonablemente los hechos y se limit\u00f3 a divulgar datos posiblemente obtenidos de forma il\u00edcita, descontextualizados y sin objetividad, lo cual afecta la privacidad del Senador que solicit\u00f3 el amparo.<\/p>\n
Adem\u00e1s, de permitirse que los servidores p\u00fablicos, en ejercicio de sus funciones, usen recursos del Estado para difundir informaci\u00f3n sin veracidad y objetividad u opiniones sin base razonable, generar\u00eda una desigualdad en la deliberaci\u00f3n p\u00fablica, as\u00ed como tolerar la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n cuya obtenci\u00f3n l\u00edcita es dudosa, implicar\u00eda permitir que las autoridades intervengan comunicaciones privadas, sin respaldo legal.<\/p>\n
No obstante, la Primera Sala determin\u00f3 modificar los efectos del amparo, al considerar que la orden de abstenerse de emitir expresiones similares en el futuro constituye un acto de censura previa. Por tanto, \u00fanicamente se concedi\u00f3 el amparo para que se retire el contenido del programa en el que se transmitieron las expresiones controvertidas, as\u00ed como sus r\u00e9plicas en las redes sociales Twitter (ahora X), YouTube y Facebook de las autoridades responsables.<\/p>\n
Amparo en revisi\u00f3n 673\/2024. Ponente: Ministra Ana Margarita R\u00edos Farjat. Resuelto en sesi\u00f3n de 9 de julio de 2025, por unanimidad de cinco votos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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