*Jean Paul Verduzco*<\/p>\n
En M\u00e9xico, coinciden dos crisis que se retroalimentan: la tragedia humanitaria de cientos de miles de personas desaparecidas y la profunda disfunci\u00f3n del sistema de justicia. Esta convergencia expone la necesidad impostergable de una respuesta integral que atienda simult\u00e1neamente la b\u00fasqueda de las personas desaparecidas y el fortalecimiento del Poder Judicial. De lo contrario, sin acciones coordinadas y efectivas, el sistema continuar\u00e1 fallando a quienes m\u00e1s lo necesitan, perpetuando un ciclo de impunidad y sufrimiento.<\/p>\n
La crisis de las desapariciones: cifras r\u00e9cord y reclamo de justicia<\/strong><\/p>\n Cada d\u00eda desaparecen alrededor de 47 personas en M\u00e9xico, un goteo constante que ha llevado las cifras oficiales acumuladas a m\u00e1s de 125 mil personas desaparecidas y no localizadas hasta 2025. La mitad de estas desapariciones, ocurrieron tan s\u00f3lo en la \u00faltima d\u00e9cada, reflejo de una crisis de derechos humanos, ocasionada, entre otros factores, por la ausencia de investigaci\u00f3n ante sus graves violaciones, lo que se agudiza a\u00f1o con a\u00f1o. Lejos de disminuir, cada d\u00eda se suman nuevos casos de familias buscando desesperadamente a un ser querido sin respuestas del Estado.<\/p>\n Encabezados como\u00a0\u201cFamiliares de desaparecidos protestan en la Ciudad de M\u00e9xico, exhibiendo fotograf\u00edas de sus seres queridos ausentes. Ante la falta de resultados, son las propias madres y padres quienes encabezan la b\u00fasqueda sobre el terreno, removiendo tierra en fosas clandestinas y pegando carteles con rostros, arriesgando sus vidas mientras claman por respuestas\u201d,\u00a0<\/em>dan cuenta que la movilizaci\u00f3n social de las v\u00edctimas ilustra el vac\u00edo que dejan las instituciones. Colectivos de familias buscadoras han alzado la voz desde 2009, con Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), en 2011 con mayor notoriedad con iniciativas como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y en 2015, con la alianza nacional donde las denuncias colectivas se consolidan y adquieren fuerza, denunciando que autoridades de todos los niveles las han ignorado y despreciado en su lucha, e incluso acusan que el crimen organizado ha cooptado regiones enteras al amparo de la impunidad. En muchos casos, son los colectivos ciudadanos quienes descubren macabras evidencias, por ejemplo, las fosas clandestinas de Teuchitl\u00e1n, Jalisco, mientras las autoridades llegan tarde, o simplemente brillan por su ausencia.<\/p>\n La respuesta institucional a esta emergencia ha sido insuficiente. Organismos nacionales e internacionales han urgido al gobierno a reconocer y atender la realidad de las desapariciones. Amnist\u00eda Internacional advirti\u00f3 en 2024 sobre la \u201cenorme preocupaci\u00f3n\u201d que genera la crisis y se\u00f1al\u00f3 inquietud porque las autoridades estaban\u00a0minimizando la escala del problema<\/em>\u00a0y hasta intentando rebajar las cifras oficiales de desaparecidos. En un hecho in\u00e9dito, el Comit\u00e9 contra la Desaparici\u00f3n Forzada de la ONU decidi\u00f3 en 2025 invocar el Art\u00edculo 34 de la convenci\u00f3n internacional en la materia \u2013un mecanismo extraordinario nunca antes utilizado\u2013 al considerar que existen indicios fundados de que la desaparici\u00f3n forzada se practica de forma generalizada o sistem\u00e1tica en M\u00e9xico. Esta acci\u00f3n abre la puerta a que el caso mexicano sea llevado ante la Asamblea General de la ONU si no hay mejoras, subrayando la gravedad de la situaci\u00f3n y la presi\u00f3n internacional para que el pa\u00eds responda.<\/p>\n Frente a los se\u00f1alamientos y la indignaci\u00f3n p\u00fablica, el gobierno mexicano ha comenzado a anunciar medidas. La presidente Claudia Sheinbaum declar\u00f3 en su conferencia ma\u00f1anera del 17 de marzo de 2025 que se emplear\u00eda \u201ctoda la fuerza del Estado\u201d para afrontar la crisis; esto, tras el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitl\u00e1n, Jalisco, donde operaba un campo clandestino del crimen organizado. Entre las acciones comunicadas, el gobierno federal retom\u00f3 las propuestas de la entonces Comisi\u00f3n Ejecutiva de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas en 2016 y del Centro Nacional de Identificaci\u00f3n Humana en 202: la creaci\u00f3n de una \u201cbase \u00fanica de informaci\u00f3n forense\u201d con datos homologados de las 32 fiscal\u00edas estatales y la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, as\u00ed como una nueva \u201cplataforma federal de identificaci\u00f3n humana\u201d, para acelerar la identificaci\u00f3n de restos y personas desaparecidas. Estas iniciativas intentan, de manera paliativa, subsanar parte del\u00a0\u201cvac\u00edo forense\u201d<\/em>\u00a0acumulado (se calculan m\u00e1s de 72 mil cuerpos sin identificar en el pa\u00eds al cierre de 2024) y dar alguna certeza a las familias. No obstante, colectivos de v\u00edctimas se muestran esc\u00e9pticos: se\u00f1alan que son reformas y acciones tard\u00edas y advierten que, si no van acompa\u00f1adas de resultados reales, no detendr\u00e1n la escalada de desapariciones. Su demanda sigue siendo la misma de siempre:\u00a0verdad y justicia<\/em>.<\/p>\n Un sistema judicial en crisis: impunidad y sobrecarga institucional<\/strong><\/p>\n Simult\u00e1neamente, el sistema de justicia mexicano atraviesa una crisis de eficacia y confianza. Las instituciones encargadas de investigar delitos y sancionar a los responsables se encuentran rebasadas, debilitadas y cuestionadas. Varios indicadores ilustran la magnitud de esta crisis institucional:<\/p>\n A las carencias estructurales se suman problemas de corrupci\u00f3n y negligencia. Diversos an\u00e1lisis se\u00f1alan que la ineficacia en las investigaciones se debe tambi\u00e9n a fiscal\u00edas mal preparadas o coludidas: proliferan las indagatorias deficientes, la corrupci\u00f3n de autoridades y la falta de apoyo a las familias buscadoras en pleno proceso judicial. En muchos estados, los agentes del Ministerio P\u00fablico no cuentan con capacitaci\u00f3n ni herramientas suficientes para armar casos s\u00f3lidos, y ello redunda en expedientes d\u00e9biles que no prosperan ante los jueces. El resultado es un c\u00edrculo vicioso de impunidad: mientras menos casos se resuelven, m\u00e1s se envalentonan los perpetradores y se desalienta la denuncia ciudadana, alimentando as\u00ed la continuidad del crimen.<\/p>\n No solo la eficacia, sino que tambi\u00e9n la estabilidad e independencia del Poder Judicial han estado bajo amenaza. En 2024, organismos civiles como la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociaci\u00f3n Nacional de Jueces y Magistrados (JUFED) y Human Rights Watch, advirtieron que la independencia judicial fue amenazada por medio de reformas legales impulsadas desde el poder pol\u00edtico. La reforma judicial que modific\u00f3 el dise\u00f1o institucional: por primera vez en la historia est\u00e1 prevista la elecci\u00f3n directa de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025. Quienes promueven este cambio aseguran que har\u00e1 m\u00e1s transparente y eficiente la justicia; pero cr\u00edticos, incluyendo a juristas y defensores de derechos humanos, tememos que estas modificaciones erosionen la autonom\u00eda judicial y politicen la impartici\u00f3n de justicia. Todos estos factores \u2013presi\u00f3n pol\u00edtica, reformas precipitadas, militarizaci\u00f3n de la seguridad\u2013 a\u00f1aden incertidumbre sobre la capacidad del sistema judicial para operar con eficacia y autonom\u00eda en un momento cr\u00edtico.<\/p>\n Adem\u00e1s, una de las decisiones m\u00e1s controvertidas del Gobierno ha sido comenzar a equiparar operativamente el delito de desaparici\u00f3n con el de secuestro. Esta medida, aunque responde a una l\u00f3gica basada en que durante la d\u00e9cada pasada las fiscal\u00edas especializadas en secuestros lograron mayores tasas de resoluci\u00f3n que las dedicadas a desapariciones, representa un claro retroceso en t\u00e9rminos de derechos humanos. M\u00e9xico cuenta con una Ley General en Materia de Desaparici\u00f3n Forzada de Personas robusta y espec\u00edfica, cuyo problema no radica en su dise\u00f1o sino en su falta de implementaci\u00f3n efectiva. Equiparar operativamente ambas figuras penales borra matices esenciales: mientras el secuestro por principio requiere absoluto sigilo, generalmente busca un beneficio principalmente econ\u00f3mico y tiene elementos probatorios y de investigaci\u00f3n definidos, la desaparici\u00f3n implica una b\u00fasqueda inmediata ante la negaci\u00f3n prolongada del paradero con participaci\u00f3n o aquiescencia del Estado, y demanda protocolos especializados de b\u00fasqueda e investigaci\u00f3n. Esta decisi\u00f3n, lejos de fortalecer la respuesta institucional, diluye las obligaciones espec\u00edficas del Estado y puede debilitar a\u00fan m\u00e1s la respuesta ante desapariciones.<\/p>\n En congruencia con este giro punitivista, al menos 19 fiscal\u00edas estatales, como Tamaulipas, Coahuila, Morelos o Tabasco, han sustituido o incorporado a sus unidades que antes eran meramente especializadas en combate al secuestro por fiscal\u00edas de \u201calto impacto\u201d. Esta transformaci\u00f3n ha tenido como consecuencia la dispersi\u00f3n de capacidades operativas que antes estaban enfocadas exclusivamente en atender secuestros y extorsiones, y ahora tambi\u00e9n pueden ver desde robo de veh\u00edculos hasta desaparecidos, contaminando y dificultando la l\u00f3gica, trazabilidad y especializaci\u00f3n en la comisi\u00f3n e investigaci\u00f3n de estos delitos. Colectivos de v\u00edctimas han denunciado que esto implica una p\u00e9rdida de enfoque y de personal capacitado, reduciendo la capacidad del Estado para atender las desapariciones con el rigor que exige su gravedad.<\/p>\n Justicia y verdad: una interdependencia ineludible<\/strong><\/p>\n Las dos crisis \u2013desapariciones e ineficacia judicial\u2013 no transcurren aisladas, sino que se entrelazan en un c\u00edrculo de dependencia mutua. Por un lado, miles de familias claman por verdad y justicia: la posibilidad de saber qu\u00e9 pas\u00f3 con sus seres queridos y de ver sancionados a los culpables depende directamente de la capacidad operativa de las instituciones encargadas de investigar delitos y administrar justicia. Cuando esa capacidad falla o se ve mermada, las probabilidades de encontrar respuestas se reducen pr\u00e1cticamente a cero, condenando a las v\u00edctimas a la incertidumbre y al dolor interminable. Por el otro lado, cada caso no resuelto \u2013cada expediente que se acumula sin avances en fiscal\u00edas y juzgados\u2013 agrava la crisis del sistema judicial, minando su credibilidad p\u00fablica, saturando a\u00fan m\u00e1s sus recursos y dejando en evidencia sus carencias estructurales.<\/p>\n Actualmente, el acceso real a la justicia para las v\u00edctimas sigue siendo un pendiente enorme: esa deuda ha\u00a0bloqueado el progreso hacia la verdad<\/em>\u00a0en la mayor\u00eda de los casos. Aunque el Estado mexicano reitera su compromiso con las v\u00edctimas, en los hechos ha fallado en garantizar seguridad y justicia, perpetuando la impunidad de cr\u00edmenes atroces. Con m\u00e1s de 120 mil personas desaparecidas en total, M\u00e9xico no puede darse el lujo de claudicar en los esfuerzos por garantizar verdad y justicia a todas las v\u00edctimas. Ello requiere, precisamente, de coordinaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n efectivas entre las instituciones: las encargadas de la b\u00fasqueda (comisiones de b\u00fasqueda, polic\u00edas investigadoras, peritos forenses) y las encargadas de la procuraci\u00f3n e impartici\u00f3n de justicia (fiscal\u00edas y tribunales) deben trabajar de la mano, con recursos suficientes y autonom\u00eda, para esclarecer casos, localizar a las personas y llevar a los responsables ante la ley.<\/p>\n La crisis de las desapariciones y la crisis del sistema judicial son dos caras de una misma moneda. Sin un Poder Judicial eficaz, independiente y equipado, los reclamos de las familias seguir\u00e1n chocando contra muros de impunidad; y sin resolver la tragedia de los desaparecidos, la justicia mexicana continuar\u00e1 en entredicho. Abordar ambas problem\u00e1ticas de forma integral no es solo deseable, sino que imprescindible: es la \u00fanica v\u00eda para romper el ciclo de impunidad y sufrimiento que aqueja al pa\u00eds, y para comenzar a restablecer la confianza en el Estado de derecho. La verdad y la justicia van de la mano \u2014insisten los colectivos\u2014, y \u00fanicamente juntas podr\u00e1n sacar a M\u00e9xico de esta grave encrucijada humanitaria e institucional.<\/p>\n ***<\/p>\n Jean Paul Verduzco Fuentes es abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, con m\u00e1s de 20 a\u00f1os de experiencia en el an\u00e1lisis de normatividad, gobernabilidad y legalidad en M\u00e9xico; maestrante en Prevenci\u00f3n, Seguridad Urbana y Pol\u00edtica Criminal. Ha ocupado cargos de alto nivel en instituciones de seguridad del gobierno mexicano. Consultor en litigio estrat\u00e9gico y fortalecimiento institucional, dirige Bufete Verduzco.<\/em><\/p>\n Fuentes: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (SEGOB), informes de M\u00e9xico Eval\u00faa, Amnist\u00eda Internacional y Comit\u00e9 de la ONU contra la Desaparici\u00f3n Forzada; reportes de\u00a0La Jornada<\/em>,\u00a0El Universal<\/em>,\u00a0Animal Pol\u00edtico<\/em>\u00a0y comunicados de colectivos de derechos humanos. Todas las cifras citadas corresponden a datos actualizados a 2024-2025.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" *Jean Paul Verduzco* En M\u00e9xico, coinciden dos crisis que se retroalimentan: la tragedia humanitaria de cientos de miles de personas desaparecidas y la profunda disfunci\u00f3n del sistema de justicia. Esta convergencia expone la necesidad impostergable de una respuesta integral que atienda simult\u00e1neamente la b\u00fasqueda de las personas desaparecidas y el fortalecimiento del Poder Judicial. 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