{"id":467766,"date":"2025-03-14T10:31:39","date_gmt":"2025-03-14T16:31:39","guid":{"rendered":"https:\/\/billieparkernoticias.com\/?p=467766"},"modified":"2025-03-14T10:31:39","modified_gmt":"2025-03-14T16:31:39","slug":"derechos-laborales-mujeres-con-discapacidad-y-madres-buscadoras-3-sentencias-historicas-de-la-scjn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fronteraveracruz.com\/?p=467766","title":{"rendered":"Derechos laborales, mujeres con discapacidad y madres buscadoras: 3 sentencias hist\u00f3ricas de la SCJN."},"content":{"rendered":"

*Escrito por\u00a0Arantza D\u00edaz.<\/p>\n

14.03.2025 \/Cimac Noticias.com\/ Ciudad de M\u00e9xico.- Empujando desde el espacio civil, la organizaci\u00f3n de mujeres y asociaciones ha permitido llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n una serie de argumentos en aras de avanzar por la erradicaci\u00f3n de toda forma de violencia; sentencias que resultan hist\u00f3ricas y que reconocen las desigualdades que enfrentan las mujeres, ni\u00f1as y adolescentes de nuestro pa\u00eds en toda su diversidad.<\/p>\n

En un mapeo breve, se recuerda la sentencia por la despenalizaci\u00f3n del aborto a nivel nacional, cuando se reconoci\u00f3 que es inconstitucional mantener vigentes art\u00edculos que criminalizan la interrupci\u00f3n del embarazo y aunque el avance para la despenalizaci\u00f3n federal ha sido paulatino, hoy se puede hablar de que la marea verde ha alcanzado a m\u00e1s del 50% de nuestro territorio.<\/p>\n

Sobre estas mismas sentencias, tambi\u00e9n es prioritario nombrar la sentencia Mariana Lima, impulsada por la activista Irinea Buend\u00eda que exige que toda muerte violenta de mujer -aunque se presuma suicidio-, debe ser investigada por las autoridades como un feminicidio hasta que se compruebe lo contrario, esto, como una ofensiva para abolir malas pr\u00e1cticas y pobres investigaciones que clasifican err\u00f3neamente el feminicidio como homicidio o suicidio.<\/p>\n

Estos avances son un necesario en la agenda y que, con frecuencia, es un conocimiento no socializado; las mujeres desconocen las sentencias de la SCJN y que las blindan contra la violencia, la segregaci\u00f3n y la discriminaci\u00f3n. Por ello, desde esta necesidad de nombrar algunas de las herramientas claves a favor de los derechos laborales, reparaci\u00f3n a madres buscadoras y por la autonom\u00eda de las mujeres con discapacidad,\u00a0Cimacnoticias\u00a0<\/em>recopila las siguientes sentencias.<\/p>\n

Mujeres embarazadas con discapacidad<\/h2>\n

En\u00a02020, la Corte resolvi\u00f3<\/a>\u00a0que es inconstitucional restringir el tiempo para la interrupci\u00f3n del embarazo a mujeres con discapacidad, particularmente, cuando es producto de violencia sexual, adem\u00e1s, se demanda a las autoridades sanitarias identificar las necesidades espec\u00edficas de cada caso.<\/p>\n

Esta hist\u00f3rica sentencia se logr\u00f3 luego de que, en el estado de Chiapas, el Hospital General de Tapachula le negara la atenci\u00f3n a una adolescente con par\u00e1lisis cerebral para interrupir su embarazo, producto de una violaci\u00f3n sexual. En respuesta, la Primera Sala tom\u00f3 el caso y se concluy\u00f3 lo siguiente:<\/p>\n

Los operadores de justicia deben identificar situaciones de poder y g\u00e9nero, cuestionar los hechos y desechar estereotipos o prejuicios de g\u00e9nero y siempre visibilizar situaciones de vulnerabilidad o discriminaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Asimismo, la SCJN sostiene que las mujeres con discapacidad tienen las mismas capacidades para decidir qu\u00e9 hacer con su cuerpo y qu\u00e9 vida quieren vivir, por lo que manda a construir pol\u00edticas p\u00fablicas que erradiquen el modelo social que les impide a las mujeres con discapacidad vivir con dignidad y autonom\u00eda.<\/p>\n

En el caso particular de las mujeres con discapacidad severa, la SCJN sostiene que siempre se debe velar por el inter\u00e9s supremo de su estado de salud y jam\u00e1s exponerlas a un estado de gestaci\u00f3n y parto. En nuestro pa\u00eds, no se puede obligar a ninguna mujer con discapacidad severa a dar a luz, pues la sentencia refiere que, en s\u00ed mismo, el embarazo conlleva una serie de afectaciones en su desarrollo f\u00edsico, mental y social como v\u00edctima de una agresi\u00f3n sexual- representa adem\u00e1s de un alto riesgo para la salud f\u00edsica y psicol\u00f3gica e incluso para su vida.
\nLa Corte sostiene que, forzar a estas mujeres a continuar un embarazo constituye una revictimizaci\u00f3n, pues no tuvo la oportunidad de decidir aut\u00f3nomamente, sin coerci\u00f3n, ni violencia y con consentimiento pleno; negarles la interrupci\u00f3n del embarazo perpet\u00faa una discriminaci\u00f3n estructural que responde a una condici\u00f3n estereot\u00edpica en la que se asigna a la mujer la funci\u00f3n primordial de procreaci\u00f3n.<\/p>\n

A los servicios de salud, la SCJN resolvi\u00f3 que est\u00e1n obligados a prevenir razonablemente los riesgos asociados con el embarazo y con el aborto inseguro, lo que, a su vez, abarca tanto una valoraci\u00f3n adecuada, oportuna y exhaustiva de los riesgos que el embarazo representa para la restauraci\u00f3n y protecci\u00f3n de la salud de cada persona, como el acceso pronto a los servicios de aborto que resulten necesarios para preservar la salud de la mujer embarazada. En caso de negar el servicio asociado al aborto o bien, colocar barreras que limiten el acceso, constituye en actos de discriminaci\u00f3n y una violaci\u00f3n directa al derecho a la igualdad ante la ley.<\/p>\n

En a\u00f1adidura, no se puede aplicar el principio de \u00abhasta las 12 semanas de gestaci\u00f3n\u00bb, pues derivado de las condiciones de vulnerabilidad, muchas mujeres con discapacidad desconocen que presentan un embarazo producto de una violaci\u00f3n, por lo que es discriminatorio exigirles que acudan a servicios de salud s\u00f3lo dentro de cierto l\u00edmite de tiempo; esta norma no puede contemplar un plazo \u00fanico para todas, pues existen distintas interseccionalidades y afectaciones, por ejemplo, para menores de edad, mujeres ind\u00edgenas o con discapacidad. Las 12 semanas vulnera los derechos de los grupos vulnerables, por lo tanto, no es aplicable para las mujeres con discapacidad; no pueden, ni deben enfrentar ninguna pena por abortar fuera de este plazo.<\/p>\n

Mujeres trabajadoras del hogar<\/h2>\n

En 2018 y gracias a la lucha de las mujeres, se logr\u00f3 un\u00a0amparo directo en la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n<\/a>\u00a0que permiti\u00f3 resolver que, excluir a las trabajadoras del hogar del seguro social es discriminatorio y con ello, se cre\u00f3 un r\u00e9gimen que garantiza sus derechos laborales y prestaciones.<\/p>\n

Consultando el amparo directo 9\/2018 se encuentra que la Segunda Sala consider\u00f3 inconstitucional que las personas empleadoras no inscriban a las trabajadoras dom\u00e9sticas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no existe ninguna raz\u00f3n constitucionalmente v\u00e1lida, ni razonable para que la Ley IMSS excluya a este sector; el r\u00e9gimen es obligatorio.<\/p>\n

La SCJN reconoci\u00f3 que, alejar a este sector del seguro social, afecta desproporcionadamente a la mujer pues 9 de cada 10 empleadas del hogar son mujeres. Adem\u00e1s, resolvi\u00f3 que se deben extender condiciones de trabajo adecuadas, erradicar las jornadas extensas, bajo salario y trabajo forzado; el Estado est\u00e1 obligado a garantizar un trabajo digno para todas.<\/p>\n

En a\u00f1adidura, el amparo sostiene que se deben proporcionar, como m\u00ednimo seguros de riesgo de trabajo; enfermedades; maternidad y guarder\u00edas; invalidez y vida; retiro con cesant\u00eda en edad avanzada y vejez.<\/p>\n

Adem\u00e1s, debe tomar en cuenta las particularidades de este trabajo, pues muchas de ellas, prestan sus servicios para distintas casas que, usualmente, no est\u00e1n establecidos en contrato, por ello, exige que todo patr\u00f3n est\u00e9 inscrito ante el SAT y debe extender, por car\u00e1cter obligatorio, un contrato particular para las personas trabajadoras que laboran en su hogar.<\/p>\n

En la capital mexicana, las personas que realizan trabajo dom\u00e9stico remunerado representan el 7.74% de la poblaci\u00f3n, es decir, 166 mil 552, de este universo, 135 mil son mujeres y 31 mil hombres, seg\u00fan la Encuesta Nacional de Ocupaci\u00f3n y Empleos.
\nEl 99.2% de este grupo labora sin contrato, el 98.3% sin acceso a instituciones de salud y el 71.3% sin prestaciones, sostiene el Centro de Apoyo y Capacitaci\u00f3n para Empleadas del Hogar (CACEH).<\/p>\n

Hay que apuntar que la capital reform\u00f3 en 2019 la Ley del Trabajo y Ley del Seguro Social que reconoce el trabajo dom\u00e9stico y exige la afiliaci\u00f3n a todos los derechos laborales; una ley tard\u00eda, cuando se encuadra a la historia de vida de Eulalia quien lleg\u00f3 a la capital a mediados de los a\u00f1os 90s.<\/p>\n

Otro apunte importante es el g\u00e9nero, pues seg\u00fan recupera el CACEH en su Informe sobre la Situaci\u00f3n de los Derechos de las Personas Trabajadoras del Hogar en la Ciudad de M\u00e9xico, a pesar de que la mayor\u00eda de la fuerza laboral dom\u00e9stica est\u00e1 compuesta por mujeres, son ellas quienes reciben menos beneficios laborales que sus cong\u00e9neres; tienen menos prestaciones, vacaciones y no reciben aguinaldo.<\/p>\n

Trabajo de las madres buscadoras y su reparaci\u00f3n<\/h2>\n

En 2020, la\u00a0Corte reconoci\u00f3<\/a>\u00a0la labor de las madres buscadoras de personas desaparecidas y tambi\u00e9n, estableci\u00f3 que la reparaci\u00f3n del da\u00f1o va m\u00e1s all\u00e1 de lo econ\u00f3mico y debe incluir pol\u00edticas de prevenci\u00f3n.<\/p>\n

Recordar esta sentencia resulta coyuntural, particularmente, con el reciente hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitl\u00e1n, Jalisco, que pasar\u00e1 a la historia contempor\u00e1nea como uno de los episodios m\u00e1s oscuros que evidencian el peso de la crisis forense, el narcotr\u00e1fico y las omisiones del Estado que se recarga sobre el trabajo de las mujeres buscadoras quienes ponen el cuerpo para la localizaci\u00f3n e investigaci\u00f3n de personas desaparecidas en todo el pa\u00eds.<\/p>\n

Un aproximado de 400 pares de zapatos, docenas de prendas de ropa, pertenencias y restos \u00f3seos humanos fueron encontrados por la colectiva Guerreros Buscadores que, a la fecha, se encuentra realizando transmisiones en vivo a trav\u00e9s de sus redes sociales donde las buscadoras muestran las prendas encontradas y las clasifican por tallas para una mejor identificaci\u00f3n.<\/p>\n

\u00bfCu\u00e1l es la reparaci\u00f3n que deben recibir estas personas buscadoras de sus seres queridos?, \u00bfdebe estar estrechamente relacionada a un valor monetario? Seg\u00fan la SCJN, el Estado debe hacer m\u00e1s que eso; debe garantizar la no repetici\u00f3n y asegurar a las madres buscadoras una reparaci\u00f3n integral.<\/p>\n

El amparo que reconoce las medidas de reparaci\u00f3n se dio luego de que, en Oaxaca dos hombres fueran detenidos arbitrariamente en un ret\u00e9n militar; ambos fueron llevados al Campo Militar N\u00famero 1 de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional en la Ciudad de M\u00e9xico; a la fecha, se desconoce su paradero.<\/p>\n

En septiembre del 2013 una de las hijas y la hermana de los desaparecidos llevaron el caso a la Corte, exigiendo respuestas y esclarecimiento en la investigaci\u00f3n, as\u00ed como el reconocimiento de los derechos de las v\u00edctimas indirectas de la desaparici\u00f3n forzada.<\/p>\n

En respuesta, se logr\u00f3 un amparo favorable en contra de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional por la desaparici\u00f3n forzada, privaci\u00f3n de la libertad y ocultamiento de informaci\u00f3n sobre el paradero de las personas desaparecidas; y la desaparici\u00f3n forzada como violaci\u00f3n m\u00faltiple a los derechos humanos y los deberes de respeto y garant\u00eda, por la participaci\u00f3n de servidores p\u00fablicos que intervinieron en los hechos y dependen de dichas instituciones.<\/p>\n

Esta sentencia se hizo extensiva a nivel federal y sostiene que los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o, la cual debe concretarse a trav\u00e9s de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la v\u00edctima, as\u00ed como medidas de satisfacci\u00f3n de alcance general y garant\u00edas de no repetici\u00f3n, lo cual no es una concesi\u00f3n graciosa, sino el cumplimiento de una obligaci\u00f3n jur\u00eddica, pues esta reparaci\u00f3n constituye a su vez una de las fases del derecho de acceso a la justicia.<\/p>\n

En a\u00f1adidura, reconoci\u00f3 el trabajo de las madres buscadoras, sosteniendo que tienen el derecho a una b\u00fasqueda segura, por lo que el Estado tiene la obligaci\u00f3n de desarrollar e implementar todos los mecanismos e instrumentos requeridos para salvaguardar el trabajo de este grupo, pero tambi\u00e9n, para encontrar, identificar y preservar los restos de las v\u00edctimas en condiciones de dignidad. La Corte sostuvo en su sentencia que la b\u00fasqueda de las madres buscadoras no cesar\u00e1 hasta que exista certeza de la suerte o el paradero de la persona desaparecida.<\/p>\n

\u00abLas autoridades deben determinar, con certidumbre reparatoria y dignificante, la suerte o paradero de las personas desaparecidas para abatir la angustia y zozobra de sus personas cercanas como est\u00e1ndar de cumplimiento de esos deberes y como est\u00e1ndar de satisfacci\u00f3n de los derechos a la verdad y la justicia.\u00bb, sostiene la sentencia.<\/strong><\/p>\n

La SCJN reconoce en la sentencia que el \u00fanico responsable de emprender las acciones de b\u00fasqueda y localizaci\u00f3n de las personas desaparecidas es el Estado quien, adem\u00e1s, debe partir, siempre, desde la presunci\u00f3n de que la persona se encuentra con vida. Y refiere que, el hecho de que existan las madres buscadoras adem\u00e1s del sufrimiento es una violaci\u00f3n misma a sus derechos humanos, pues una desaparici\u00f3n sacude la vida de las familias, implica alteraciones dr\u00e1sticas en los proyectos de vida, el desvanecimiento de sus sue\u00f1os y la p\u00e9rdida de prop\u00f3sitos individuales.<\/p>\n

Por ello, la Primera Sala exige en su sentencia al Estado que toda familia de persona desaparecida tiene el derecho a conocer las circunstancias de la desaparici\u00f3n de sus seres queridos, qui\u00e9nes son los responsables y su estado actual. Adem\u00e1s, la sentencia exige que las v\u00edctimas siempre deben tener acceso a servicios m\u00e9dicos, pues muchas de las madres buscadoras enfrentan problemas de salud a consecuencia de la desaparici\u00f3n de sus seres queridos; la garant\u00eda a la salud mental tambi\u00e9n es una responsabilidad del Estado que est\u00e1 forzado a acompa\u00f1ar a las personas buscadoras en caso de depresi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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