*La politizaci\u00f3n de la justicia y la militarizaci\u00f3n no ayudan a reducir la violencia<\/p>\n
*La militarizaci\u00f3n de la seguridad p\u00fablica, el debilitamiento de las garant\u00edas del debido proceso y la politizaci\u00f3n de la justicia no ayudan a reducir la violencia criminal.<\/p>\n
*La presidenta Claudia Sheinbaum deber\u00eda atender el problema central del sistema de justicia penal: las pr\u00e1cticas investigativas ineficaces y abusivas de las fiscal\u00edas.<\/p>\n
21.02.2025 Ciudad de M\u00e9xico \u2013 Las autoridades mexicanas no est\u00e1n investigando adecuadamente el alto n\u00famero de homicidios en el pa\u00eds, cometidos en su mayor\u00eda por grupos del crimen organizado, se\u00f1al\u00f3 Human Rights Watch en un informe.<\/p>\n
El informe de 187 p\u00e1ginas, \u201cDoble injusticia: Las falencias del sistema de justicia penal de M\u00e9xico en la investigaci\u00f3n de homicidios\u201d, examina en detalle las razones de los pobres resultados del sistema de justicia penal de M\u00e9xico en las investigaciones de homicidios e identifica formas de mejorar el acceso a la justicia para las v\u00edctimas.<\/p>\n
Doble injusticia
\nLas falencias del sistema de justicia penal de M\u00e9xico en la investigaci\u00f3n de homicidios<\/p>\n
\u201cMilitarizar la seguridad p\u00fablica, socavar las garant\u00edas de debido proceso y politizar la justicia no ha logrado que los mexicanos est\u00e9n m\u00e1s seguros ni ha mejorado los p\u00e9simos resultados del sistema de justicia penal\u201d, se\u00f1al\u00f3 Juanita Goebertus, directora de la Divisi\u00f3n de las Am\u00e9ricas de Human Rights Watch. \u201cEn lugar de insistir con estas pol\u00edticas fallidas, la presidenta Claudia Sheinbaum deber\u00eda abordar el problema central del sistema de justicia penal de M\u00e9xico: las pr\u00e1cticas investigativas ineficaces y abusivas de las fiscal\u00edas\u201d.<\/p>\n
Human Rights Watch entrevist\u00f3 a cerca de 150 fiscales y polic\u00edas de investigaci\u00f3n de fiscal\u00edas estatales, asesores jur\u00eddicos de comisiones estatales de v\u00edctimas y otros operadores de justicia y expertos en el sistema de justicia penal mexicano en 11 estados, en su mayor\u00eda entre enero de 2023 y febrero de 2024. Human Rights Watch tambi\u00e9n analiz\u00f3 estad\u00edsticas p\u00fablicas sobre el sistema de justicia y present\u00f3 m\u00e1s de 300 solicitudes de informaci\u00f3n a las autoridades estatales y federales.<\/p>\n
M\u00e9xico ha sufrido tasas de homicidio extremadamente altas durante casi dos d\u00e9cadas. En 2023, la tasa de homicidios de M\u00e9xico, de casi 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, fue una de las m\u00e1s altas del mundo. Fiscales y analistas independientes estiman que la mayor\u00eda de los homicidios son el resultado de conflictos entre y dentro de los grupos del crimen organizado que luchan por el control del tr\u00e1fico de drogas y otros negocios il\u00edcitos. La gran mayor\u00eda de los homicidios se cometen con armas de fuego, que en la mayor\u00eda de los casos provienen de Estados Unidos.<\/p>\n
Human Rights Watch concluy\u00f3 que la mayor\u00eda de las investigaciones por homicidio doloso abiertas por las fiscal\u00edas estatales en M\u00e9xico nunca avanzan m\u00e1s all\u00e1 de las etapas iniciales de la investigaci\u00f3n y a menudo se cierran o se archivan sin ejercer ninguna acci\u00f3n penal. Entre 2010 y 2022, las fiscal\u00edas estatales abrieron alrededor de 300.000 investigaciones por homicidio doloso, pero solo identificaron formalmente a un sospechoso e iniciaron un proceso penal en unos 51.000 casos, es decir el 17 %.<\/p>\n
\u201cLa gente me dice: \u2018D\u00e9jalo. Est\u00e1s amenazada. Dios har\u00e1 justicia\u2019\u201d, explic\u00f3 una mujer, quien ha enfrentado amenazas de muerte por parte de los presuntos autores del asesinato de su hijo e indiferencia de las autoridades de su estado, seg\u00fan cont\u00f3 a Human Rights Watch. \u201cYo les digo: \u2018Hay un Dios, s\u00ed. Pero tambi\u00e9n hay autoridades aqu\u00ed en la tierra. \u00bfPor qu\u00e9 no hacen nada?\u2019\u201d<\/p>\n
Los problemas sist\u00e9micos que socavan las investigaciones de homicidios y violan o repercuten negativamente en los derechos de las familias de las v\u00edctimas y de los acusados de delitos incluyen la elevada carga de trabajo, los recursos y formaci\u00f3n insuficientes, una coordinaci\u00f3n ineficaz entre las autoridades y una falta de lineamientos claros sobre c\u00f3mo priorizar los casos. Muchas personas entrevistadas describieron casos en los que las autoridades esperaron meses o a\u00f1os para llevar a cabo los actos de investigaci\u00f3n o solo lo hicieron en respuesta a atenci\u00f3n medi\u00e1tica negativa o a presiones de los familiares de las v\u00edctimas.<\/p>\n
Cuando los familiares de las v\u00edctimas intentan colaborar con las investigaciones, a menudo enfrentan estigmatizaci\u00f3n, corrupci\u00f3n y abandono. Las autoridades suelen suponer que las v\u00edctimas de homicidio estaban implicadas en actividades delictivas o de alto riesgo. Muchos familiares de v\u00edctimas y sus asesores jur\u00eddicos dijeron que las autoridades culparon a las v\u00edctimas por sus muertes o exigieron sobornos para investigar.<\/p>\n
Muchas personas son reacias a cooperar con las autoridades por temor a represalias. Pero las autoridades rara vez proporcionan una protecci\u00f3n eficaz.<\/p>\n
Las escasas investigaciones por homicidio doloso que llegan ante un juez muchas veces est\u00e1n basadas en pruebas endebles o en declaraciones que han sido alteradas, fabricadas u obtenidas mediante amenazas o tortura.<\/p>\n
Seg\u00fan una encuesta del Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Geograf\u00eda (INEGI), el 40 % de las personas encarceladas por cargos de homicidio desde 2016 afirman que las autoridades las hab\u00edan golpeado o torturado para tratar de presionarlas a declararse culpables o a aceptar una versi\u00f3n falsa de los hechos. La falta de independencia judicial en muchos sistemas de justicia estatales agrava este problema, ya que muchos jueces sufren presiones pol\u00edticas para que emitan fallos favorables a los fiscales y al gobierno.<\/p>\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, los esfuerzos de las autoridades para reducir la violencia criminal se han centrado en gran medida en militarizar la seguridad p\u00fablica, socavar las garant\u00edas procesales y politizar la forma de nombrar a los jueces. Estas estrategias dan lugar a graves violaciones de derechos humanos y no han sido eficaces para mejorar la seguridad p\u00fablica o frenar el poder de los grupos criminales.<\/p>\n
En septiembre de 2024, el Congreso aprob\u00f3 una serie de modificaciones a la Constituci\u00f3n que requieren que todos los jueces estatales y federales sean destituidos y sustituidos en elecciones populares a partir de una lista de candidatos elegidos por el Congreso, el presidente, y la Suprema Corte.<\/p>\n
\u201cPara mejorar el rendimiento del sistema de justicia, las autoridades mexicanas deber\u00edan proteger a los jueces ante la influencia pol\u00edtica, y no politizar a\u00fan m\u00e1s el sistema de justicia\u201d, dijo Goebertus.<\/p>\n
Las autoridades mexicanas deber\u00edan adoptar medidas urgentes para garantizar que las fiscal\u00edas lleven a cabo investigaciones de homicidios exhaustivas, imparciales y respetuosas de los derechos humanos. Las fiscal\u00edas deber\u00edan elaborar planes estrat\u00e9gicos de persecuci\u00f3n penal, para que los fiscales puedan priorizar mejor los casos, centr\u00e1ndose en esfuerzos por desmantelar a los grupos criminales responsables de los homicidios. Tambi\u00e9n deber\u00edan garantizar que existan normas claras y objetivas para la contrataci\u00f3n, ascenso y destituci\u00f3n del personal en los servicios profesionales de carrera.<\/p>\n
Las autoridades estatales y federales deber\u00edan garantizar que las comisiones de v\u00edctimas cuenten con el personal y los recursos necesarios para representar eficazmente a las familias de las v\u00edctimas. Deber\u00edan crear urgentemente mecanismos de protecci\u00f3n eficaces para las v\u00edctimas y los testigos. Tambi\u00e9n deber\u00edan adoptar medidas para mejorar la supervisi\u00f3n de las fiscal\u00edas mediante la creaci\u00f3n de mecanismos de control externo que permitan a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil revisar las denuncias de irregularidades y recomendar cambios.<\/p>\n
Estados Unidos deber\u00eda dar prioridad a los programas de cooperaci\u00f3n internacional destinados a apoyar la profesionalizaci\u00f3n de las agencias de seguridad y justicia en M\u00e9xico. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en ingl\u00e9s) ha apoyado programas que brindan capacitaci\u00f3n para fiscales, asesores jur\u00eddicos y defensores p\u00fablicos y que ayudan a las fiscal\u00edas a desarrollar planes de persecuci\u00f3n penal estrat\u00e9gica. Muchos de estos programas se encuentran suspendidos debido a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 20 de enero de 2025, que suspendi\u00f3 US$44 mil millones de d\u00f3lares en asistencia extrajera a nivel global. Estados Unidos tambi\u00e9n deber\u00eda realizar esfuerzos urgentes, en cooperaci\u00f3n con el gobierno mexicano, para detener el flujo ilegal de armas de fuego desde Estados Unidos hacia M\u00e9xico.<\/p>\n
\u201cSuspender la financiaci\u00f3n de programas destinados a la profesionalizaci\u00f3n de las agencias de seguridad y justicia en M\u00e9xico es una medida contraproducente para el objetivo de desmantelar a las organizaciones criminales\u201d, dijo Goebertus.<\/p>\n
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