*Escrito por\u00a0Luc\u00eda Melgar Palacios .<\/p>\n
El 30 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebr\u00f3 una audiencia p\u00fablica sobre el caso Ernestina Ascencio Rosario, ind\u00edgena nahua de 73 a\u00f1os, quien muri\u00f3 por falta de atenci\u00f3n m\u00e9dica tras ser presuntamente violada por militares en febrero de 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Como en casos anteriores ante esta Corte, el Estado mexicano pretendi\u00f3 acotar su responsabilidad. Esta vez se atrevi\u00f3 a cuestionar la admisibilidad del caso respecto a violaciones al derecho a la informaci\u00f3n, y descalific\u00f3 las acusaciones de violencia sexual contra el ej\u00e9rcito. Sus risibles\u00a0propuestas de reparaci\u00f3n del da\u00f1o, adem\u00e1s, confirman el desprecio del gobierno hacia las v\u00edctimas de violaciones de derechos humanos en M\u00e9xico.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Como se recordar\u00e1, la muerte de Ernestina Ascencio estremeci\u00f3 a la sociedad en 2007, al inicio de la \u201cguerra contra el narco\u201d.\u00a0\u00a0Se trataba de una mujer mayor, ind\u00edgena, pobre y monoling\u00fce, muerta a consecuencia de un ataque sexual y por falta de atenci\u00f3n m\u00e9dica oportuna. La indignaci\u00f3n aument\u00f3 cuando el presidente Calder\u00f3n declar\u00f3 que ella hab\u00eda muerto de \u201cgastritis cr\u00f3nica\u201d, aun cuando, durante el trayecto de diez horas en busca de un hospital que la atendiera, Ernestina hab\u00eda repetido \u201cHombres de verde se me echaron encima\u201d, y la fiscal\u00eda de Veracruz y SEDENA hab\u00edan iniciado investigaciones por presunta violencia sexual. La palabra presidencial bast\u00f3 para torcer las investigaciones y cerrar el caso. La familia, a su vez, no pudo apelar porque, justo cuando pod\u00eda hacerlo, fue \u201cinvitada\u201d a visitar la Bas\u00edlica en la capital, lo que especialistas interpretaron como secuestro encubierto.<\/p>\n
Ante semejante negaci\u00f3n de justicia,\u00a0organizaciones sociales de Veracruz iniciaron un largo proceso para acceder a la verdad y reabrir el caso. Agotadas las instancias nacionales, lograron que la Comisi\u00f3n IDH lo admitiera en 2017; el Estado reabri\u00f3 el caso y accedi\u00f3 a proporcionar una versi\u00f3n p\u00fablica del expediente (2022), inadecuada porque se ocultaban los nombres de los funcionarios involucrados en la investigaci\u00f3n. En 2023, la Corte IDH admiti\u00f3 el caso.<\/p>\n
En la audiencia, Marta In\u00e9s, hija de Ernestina, dio su testimonio (en n\u00e1huatl) y pidi\u00f3 justicia; las representantes de las v\u00edctimas insistieron en la responsabilidad del Estado por violar el derecho a la salud de Ernestina, el derecho a la informaci\u00f3n, indispensable para conocer la verdad, y el derecho a la justicia. Los representantes de la Comisi\u00f3n IDH coincidieron en estas responsabilidades y afirmaron la validez del testimonio de la v\u00edctima cuando se denunci\u00f3 violencia sexual.<\/p>\n
Para acotar su responsabilidad, el Estado pretendi\u00f3 justificar la falta de acceso a la informaci\u00f3n (en 2022) en nombre de la protecci\u00f3n de datos personales (de funcionarios), aunque el perito Ernesto Villanueva hab\u00eda precisado que es \u201cm\u00e1s flexible\u201d cuando se trata de \u00e9stos. Los \u201cargumentos\u201d del Estado (que reci\u00e9n desmantel\u00f3 el INAI) confirman su preferencia por la opacidad.<\/p>\n
En cuanto a las violaciones al derecho a la salud, las v\u00edctimas propusieron que se instalara una cl\u00ednica en la comunidad para reparar el da\u00f1o, pero el Estado ofreci\u00f3 reparaciones rid\u00edculas como incorporar a la familia al ineficaz Mecanismo de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas y el acceso comunitario al (futuro) programa de visitas m\u00e9dicas \u201cCasa por casa\u201d. Como sugiri\u00f3 la jueza Ver\u00f3nica G\u00f3mez, tales visitas no aseguran la atenci\u00f3n oportuna en una emergencia.<\/p>\n
Penoso papel jugaron tambi\u00e9n los bur\u00f3cratas mexicanos al pretender descalificar las acusaciones de violaci\u00f3n contra los militares. Para ellos, ni las palabras de Ernestina, ni el testimonio de su hija, ni los peritajes iniciales que describ\u00edan signos de violencia sexual y semen en el cuerpo de la v\u00edctima, ni la proximidad del campamento militar al sitio donde se encontr\u00f3 a Ernestina son indicios suficientes. Con tal de proteger al Ej\u00e9rcito, los gobiernos, siguen minimizando las denuncias en su contra por graves violaciones de derechos humanos.<\/p>\n
Mientras la CoIDH dicta su sentencia, habr\u00e1 que insistir en la obligaci\u00f3n del Estado (de este gobierno) de garantizar los derechos a la salud, a la verdad, a la justicia.<\/p>\n
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